La estrategia de seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum se sostiene sobre cuatro pilares. El primero, la atención a las causas que generan la violencia. El segundo, la consolidación de la Guardia Nacional. El tercero, fortalecer la investigación e inteligencia. El cuarto, la coordinación entre las distintas instituciones responsables.
Desde el sexenio anterior se han registrado avances significativos en los primeros tres ejes. Se han puesto en marcha programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, orientados a ofrecer alternativas de desarrollo a las y los jóvenes y a alejarlos de la delincuencia. En el gobierno de la Presidenta Sheinbaum, además, se ha fortalecido la oferta de educación media superior y superior; se ha consolidado jurídicamente la Guardia Nacional; y una mayor eficacia en las labores de investigación ha permitido la detención de importantes generadores de violencia.
En el aspecto de la coordinación, sin embargo, si bien se ha continuado con la táctica instaurada por el Presidente López Obrador de reunir diariamente al Gabinete de Seguridad, había hasta hace poco una pieza del engranaje que no giraba en concordancia con las demás: la Fiscalía General de la República (FGR). Dotada de autonomía, pero quizá con esa misma excusa, carecía de articulación con el resto de las instituciones del Gobierno Federal y, no se diga, con las Fiscalías Estatales —autónomas también—. La salida de Alejandro Gertz Manero y el nombramiento de Ernestina Godoy al frente de la FGR replica una dupla que ya funcionó articuladamente en el Gobierno de la Ciudad de México y que todo indica que funcionará con resultados positivos a nivel federal.
La experiencia nacional nos confirma que la autonomía de las fiscalías estatales, por ejemplo, se usan como estrategia de impunidad para gobernadores incompetentes. No han servido para reformar la procuración de justicia. Muchos gobernantes, en vez de asumir la responsabilidad sobre los resultados en el combate a la delincuencia y en construir sociedades más justas, se escudan irresponsablemente en sostener que los problemas de procuración de justicia no conllevan responsabilidad política, sino una suerte de responsabilidad técnica paradójicamente emanada de acuerdos políticos en el poder legislativo.
La coyuntura nos lleva a plantearnos una pregunta de fondo: ¿por qué habría de sostenerse el fallido ideal de autonomía institucional que estuvo tan en boga en la época de la mal llamada “transición democrática”? ¿Qué rehúye un Estado que concesiona sus atribuciones a organismos autónomos, especialmente en un tema tan delicado como la procuración de justicia? ¿Por qué querer deslindarse de sus responsabilidades esenciales?
El neoliberalismo construyó su fortaleza sobre los ladrillos de la anormalidad democrática, se trataba de ir despejando a los poderes democráticos de sus tareas para entregárselas a “técnicos”, y dejar a las autoridades elegidas sólo las obligaciones gerenciales. Así, no importaba quién gobierna, quién persiguiera los delitos, quién administrara la justicia, el poder se encontraba difuminado en grupúsculos que gobernaban sin dar la cara ni asumir sus responsabilidades. La excusa era garantizar la imparcialidad política de la procuración de justicia, pero no hay nada más político que la determinación de combatir la injusticia, el abuso y la violencia.
Como ya lo demostró en la Ciudad de México al proponer a una fiscal con experiencia en la coordinación con el gabinete de seguridad, la Presidenta Sheinbaum asume plenamente su responsabilidad política e histórica. Pero, sobre todo, asume el mandato popular: construir seguridad duradera y garantizar justicia después de la guerra impulsada por el PRIAN. Hoy las causas profundas de la violencia están siendo atendidas. Pero es indispensable contar con las herramientas institucionales necesarias para llegar al fondo de sus consecuencias y terminar con ellas de manera definitiva.
Frontera Popular es un espacio de reflexión y discusión conformado por militantes de la Transformación. Responsable de la publicación: Guadalupe Lara.