Por diversas razones políticas e ideológicas, desde 1949, México había eludido la firma del acuerdo 98 (sindicalización y negociación colectiva), promovido por la Organización Internacional del Trabajo. En este contexto, el proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte impulsó una nueva reforma laboral y obligó al gobierno de Enrique Peña Nieto y al actual, a aceptar el referido convenio y una serie de prerrogativas exigidas por los negociadores estadunidenses. Ya en la gestión de Andrés Manuel López Obrador, la búsqueda de consenso por parte del régimen para concretar la reforma incentivó el alejamiento de los empresarios y los movimientos sindicales; estos últimos se han fragmentado en dos polos: los afines y los que alertan por el resurgimiento de un nuevo corporativismo de izquierda, semejante al mantenido por el PRI.
En este escenario y sin que se resolvieran las contradicciones señaladas, la reforma laboral se aprobó sin atender las discrepancias sostenidas por los empresarios y sindicalistas no afines. Es factible que esta situación provocara movimientos diferenciados de esos agentes, con consecuencias divergentes para la economía. Los empresarios perciben que las nuevas leyes incentivarán la proliferación de sindicatos funcionales al gobierno y el estallamiento de huelgas sin justificación, procesos que no contribuirán a mejorar las condiciones laborales y alejarán la inversión productiva de amplios sectores de la economía.
Desde el sindicalismo, las disputas por el liderazgo entre los movimientos afines al gobierno y los disidentes incentivarán una dispersión de las luchas por mantener y consolidar las mejoras laborales. Probablemente, dicha dispersión transformará las estructuras sindicales, con la prevalencia de otros sindicatos hegemónicos diferentes a los tradicionales, los cuales tenderán a desaparecer. Al final, los consensos forzados por la reforma laboral incentivaron mayores disensos y la concreción de mejoras sostenibles del trabajo en México se percibe en el largo plazo.
JOSÉ JUAN CERVANTES
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