Imagine por un momento un ejercicio simple. Si usted, como ciudadano común y corriente, tuviera repentinamente en sus manos el poder de decidir sobre el destino de una millonaria bolsa de dinero, ¿en qué lo gastaría?.
Seguramente pensaría en tapar los baches de su calle, asegurar medicamentos en los hospitales o mejorar la seguridad de su colonia.
Difícilmente elegiría entregárselo a un grupo de personas para que inunden las calles con lonas, organicen mítines y saturen los medios para convencerlo de qué tan buenos son.
En la realidad mexicana, esa decisión ya la tomaron por nosotros.
La Comisión de Prerrogativas del INE aprobó el anteproyecto de financiamiento público para 2027 por una cifra que marea: 10 mil 842 millones 653 mil 927 pesos.
Un banquete presupuestal donde incluso los partidos de reciente creación, Paz y Somos México, recibirán un “boleto de entrada” de 246 millones 644 mil pesos cada uno, quemando 47 millones directo en campañas.
Al ser el más votado en 2024, Morena tendrá una bolsa de 3 mil 604 millones 879 mil 379 pesos (805 millones para campañas).
El PAN alcanzará mil 803 millones 719 mil 207 pesos (399 millones para promoción del sufragio), mientras que el PRI tendrá mil 372 millones 658 mil 861 pesos (302 millones para buscar el voto).
Independientemente de que esto ya lo establezca la ley y esté perfectamente blindado en la Constitución, la frialdad de los números no deja de ser indignante, molesta y ofensiva para el ciudadano común.
Que el laberinto de las leyes proteja un reparto de esta magnitud, mientras la economía familiar se estira al límite, se percibe como una auténtica bofetada.
A esto se suma la sombra de la sospecha legítima.
Desde la visión ciudadana, queda la eterna duda sobre si las burocracias partidistas no terminan generando complejos esquemas financieros diseñados para, de una u otra forma, justificar ese dinero en una caja negra lejos del escrutinio real.
No es una afirmación jurídica, sino la desconfianza histórica de una sociedad que exige transparentar al mil por ciento, bajo esquemas claros y libres de sospecha, en qué y cómo se gasta cada centavo público.
Mientras la ley permita sostener un reparto de esta magnitud, la democracia corre el riesgo de convertirse en un negocio de unos cuantos pagado por el bolsillo de todos.