La política tiene una relación inevitable con el dinero. Lo necesita para operar, para organizar elecciones, para sostener instituciones y para financiar las actividades de los partidos. El problema comienza cuando los recursos públicos dejan de entenderse como patrimonio de la sociedad y se convierten en instrumento de intereses particulares.
Los señalamientos que han rodeado al Instituto Nacional Electoral (INE), relacionados con el manejo de recursos, contratos y posibles irregularidades administrativas, vuelven a poner sobre la mesa una discusión que no debería agotarse en el escándalo del momento. La discusión de fondo es qué tan eficaces son los mecanismos para impedir que el dinero público termine en operaciones cuestionables, acuerdos bajo sospecha o decisiones alejadas del interés colectivo.
En Tamaulipas, mientras tanto, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) ha dado a conocer los topes de gastos de precampaña que podrán ejercer los partidos políticos y van desde los 10 millones 437 mil 511 pesos, en Reynosa, hasta 16 mil 749 pesos, en San Nicolás.
Y una cosa son los límites establecidos por la autoridad electoral y otra muy distinta la transparencia con la que los partidos obtienen, administran y ejercen sus recursos. La fiscalización no puede quedarse en el papel ni reducirse al cumplimiento de requisitos administrativos.
A esa discusión se suma un riesgo que no puede ignorarse: la posible intervención de recursos provenientes del crimen organizado en los procesos políticos y electorales. Existen antecedentes documentados y casos que obligan a mantener la atención sobre el origen del dinero que busca influir en la vida pública.
Al final, los dos escenarios tienen un punto de encuentro: la sociedad.
Es la ciudadanía la que aporta los recursos que sostienen las instituciones, la que financia mediante sus contribuciones el funcionamiento del Estado y la que, además, enfrenta las consecuencias cuando el dinero se administra mal o se desvía de su propósito.
Por eso, quizá sea momento de replantear los mecanismos de vigilancia, fiscalización y rendición de cuentas. No basta con establecer reglas, anunciar topes o abrir investigaciones cuando el problema ya estalló.
Se necesitan controles eficaces y consecuencias para quienes incumplen.
La política no administra dinero propio. Administra recursos de todos.
Y mientras esa diferencia no se entienda como una obligación, la sociedad seguirá pagando una cuenta que no tendría por qué asumir.