Rubén Rocha Moya es quizá el más claro ejemplo de colusión política con los cárteles de la droga, pero sería un error pretender que es un caso aislado, gobernadores y alcaldes de todo el país, así como funcionarios federales y legisladores están en la nómina del crimen organizado, y lo peor del caso, es que de la mayor parte de los mismos ni siquiera se tienen indicios.
Se trata de un problema que ha crecido a lo largo de los años, en gran medida porque desde el Gobierno Federal, en sus últimas administraciones, no se hizo nada para contenerlo, ni siquiera la alternancia política propició que se rompiera el pacto de impunidad y como los gobernantes ven que no se castiga a los que se corrompen, los políticos siguen cayendo en dichas prácticas porque perciben una bajísima probabilidad de recibir una sanción.
Es un problema que está presente en todo el país e involucra a todos los partidos, no hay uno solo que se salve y todos adoptan una actitud cínica, ya que cuando se señala a uno de sus militantes por trabajar para el narco, su respuesta se centra en señalar que en otro partido hay más casos o que los del otro bando son peores, en lugar de buscar limpiar la casa, expulsar a los corruptos y coadyuvar con las autoridades para que reciban su merecido.
Sí queremos que esto cambie, la ciudadanía tiene que exigir y castigar.
Exigirles a todos los partidos que dejen de encubrir, que repudien a quienes hayan cometido conductas indebidas y que tomen medidas para no postular a criminales, pero también castigar a los partidos que no pongan manos a la obra para deshacerse de estos personajes.
No se puede tener consideraciones con los políticos que han traicionado a los ciudadanos, porque en lugar de hacer su trabajo y luchar contra los narcos los protegieron, convirtiéndose en parte del problema, por lo que sí buscamos revertir la situación de violencia que azota al país, también tendremos que acabar con los políticos que trabajan para el narco.
victorsanval@gmail.com
@victorsanval