Estamos viviendo uno de los momentos políticos más delicados del país.
El Poder Ejecutivo y el Legislativo están por aprobar una reforma profunda al Poder Judicial. El Poder Judicial se opone pues considera que, si los jueces son electos por voto popular como plantea la reforma, México se convertirá en una dictadura. Además, se les reducirá el sueldo.
En lo personal no estoy de acuerdo con algunos aspectos de la reforma. La creación de un Tribunal Disciplinario me parece una buena idea, pero no así la elección de jueces. Considero que el mecanismo planteado no ayuda a fomentar la rendición de cuentas. Temo que los jueces terminen controlados por el poder económico mediante el financiamiento ilegal de sus campañas y preferiría mayores requisitos de experiencia. Considero que lo mejor sería no implementarla en su versión actual.
Sin embargo, argumentar que la Reforma Judicial supone el inicio de una dictadura me parece errado.
Los jueces serán electos por voto popular en un país donde el 40% de los electores son opositores y una tercera parte de los candidatos a jueces serán seleccionados por la Suprema Corte. Muchos jueces repetirán en el cargo pues la reforma da facilidades para ello.
Más aún, el sistema de pesos y contrapesos de las democracias liberales no se sustenta en quién elige a los jueces, sino en la capacidad de los jueces de actuar conforme a derecho, siguiendo la norma en independencia de la gestión del resto de los poderes. Si la selección de jueces fuera el criterio para sustentar los contrapesos, podríamos llegar al absurdo de decir que actualmente no hay división de poderes en México porque los ministros (tribunal constitucional máximo) son seleccionados por el Ejecutivo (en ocasiones sin siquiera la voz del Legislativo). Podríamos decir que Estados Unidos es una dictadura también.
Reitero que, en lo personal, no estoy de acuerdo con la Reforma Judicial, pero soy una demócrata y por ello sé que mi inconformidad no me faculta para llamar autoritario al contrario, ni mucho menos para utilizar todo lo que está en mi poder para subvertir la implementación de su agenda.
En una democracia perder tiene consecuencias. Lamentablemente, en México es evidente que los perdedores no quieren aceptarlas:
1. La oposición y sus afines no han dejado de presionar a los magistrados electorales para que le quiten a Morena la mayoría calificada a la mala, por medio de una interpretación constitucional nunca utilizada.
2. La Presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, admitió de manera arbitraria un recurso del PAN para que la Corte pudiera quitarle la mayoría calificada a Morena. El plan se vino abajo.
3. Un grupo de mil jueces presentaron ante la Comisión Interamericana una solicitud plagada de mentiras. Acusan al INE de distorsionar la Constitución para otorgarle la mayoría a Morena, al Tribunal Electoral de estar cooptado y a Morena de sesionar en el Congreso ilegalmente. Con ello pavimentan el camino para un eventual juicio en las cortes internacionales.
4. Un grupo de funcionarios del Poder Judicial realizan un paro de labores para presionar al Legislativo. Tal parece que se rehúsan a defender la Constitución si Morena la cambia. Solo quieren defender la Constitución que les gusta.
5. Las Cámaras de comercio y el gobierno de Estados Unidos quieren también imponer su agenda. Su argumento es que la reforma dificultaría la revisión del T-MEC, un argumento vago y cuestionable.
Así en México hay varios grupos que creen que es su deber patriótico impedir que el partido que los mexicanos votaron apruebe su agenda. La democracia ya no les gustó.
Lo contenido en este texto es publicado por su autora en su carácter exclusivo como profesionista independiente y no refleja las opiniones, políticas o posiciones de otros cargos que desempeña.