Un grupo de legisladores morenistas ha presentado una iniciativa para reformar y cambiar aspectos clave del Poder Judicial y sus próximas elecciones.
La propuesta es valiosa. Los cambios que propone son, en su mayoría, positivos. Además, el contenido general de la iniciativa es conocido por la Presidenta y ésta ha abierto la puerta a que sea analizada por la Consejería Jurídica, ahora en manos de Luisa María Alcalde.
Por su parte, Alcalde, en privado, acepta que la elección judicial de 2027 tuvo muchas áreas de mejora. A nivel de votación legislativa, una buena reforma judicial podría atraer al Partido del Trabajo e incluso a Movimiento Ciudadano.
La propuesta se centra en tres cambios.
El primero es mejorar la calidad de los candidatos judiciales y reducir su número para volver la votación menos compleja. En vez de que se solicite, como prueba de calidad, las calificaciones que el candidato tuvo en la licenciatura, ahora se propone que la prueba consista en que los aspirantes acrediten un examen de conocimientos realizado por la Escuela Nacional de Formación Jurídica (ENFJ).
La ENFJ actualmente es una institución débil y en control del presidente de la Suprema Corte, pero esto puede cambiar con ajustes a leyes secundarias y, sobre todo, con más presupuesto.
Un segundo punto de la propuesta consiste en acotar el poder de la SCJN y facilitar su funcionamiento. Para ello se propone dividir el pleno en dos secciones y establecer que las sentencias de la Corte sólo sean obligatorias cuando sean redactadas en tesis y cuenten con una mayoría calificada de votos.
Esto ordenaría el debate de la Corte, obligando a que los argumentos vertidos en el pleno sean clarificados y concretados.
Un tercer ámbito que plantea la propuesta es que, en vez de tener tres comités de selección de candidatos —uno por cada Poder de la Unión—, se tenga sólo un Comité de Evaluación integrado por miembros de los tres poderes y que opere desde el INE.
Esta parte me parece la más flaca de toda propuesta, ya que un sólo comité es más fácil de cooptar políticamente que varios.
Además de lo anterior, se propone que la elección judicial no suceda en 2027 –año en el que también se elegirá al Congreso federal y 17 gubernaturas–, sino en 2028. Esto hará la elección más manejable.
La reticencia de Presidencia por arropar la iniciativa proviene, principalmente, del dinero. Se teme que tener dos elecciones, una electoral en 2027 y otra judicial en 2028, eleve el costo.
Los proponentes de la iniciativa argumentan que esto no será el caso porque, de todas formas, para evitar la politización de los comicios judiciales, el INE deberá separar las casillas judiciales de las electorales en 2027. Esto hará que de facto el costo de celebrar la elección judicial en 2027 o 2028 sea prácticamente el mismo.
Sin embargo, el mejor argumento en favor del cambio a 2028 es más sencillo: no hay nada más caro para México que tener un Poder Judicial de baja calidad. Cualquier inversión en dirección de mejorarlo es, en realidad, un ahorro de largo plazo.
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