No es secreto de nadie que en México la gente con dinero logra modificar leyes y regulaciones a modo para beneficiarse. La pregunta es cómo lo logran. Esta es la quinta y última nota donde hago propuestas concretas para separar el poder político del económico.
Hoy hablaremos de la captura regulatoria de letra chica. Con ello me refiero al entramado de regulaciones expedidas por autoridades de todo nivel de gobierno para normar alguna actividad económica. Esto incluye una jungla de documentos que van desde acuerdos, circulares, códigos, criterios, decretos, directivas, disposiciones de carácter general, técnicas, estatutos, formatos, instructivos, leyes, lineamientos, manuales, metodologías, normas oficiales mexicanas (NOMs), reglas o reglamentos.
El problema con la jungla regulatoria es poco discutido, pero demasiado común. Consiste en que esta jungla se ha diseñado de la mano y con el consejo de empresarios, cámaras o individuos interesados en el tema a regular. Esto ha creado un marco regulatorio poblado de pequeñas gotas de veneno. Una jungla plagada de minas estratégicamente diseñadas para aniquilar la competencia, dándole ventaja a algunos empresarios por encima de otros y crean todo tipo de cotos de poder.
Así, el principal problema del marco regulatorio no debiera ser que es pesado e incómodo, sino que está plagado de conflicto de interés.
Por ejemplo, en México, los criterios que todos los médicos deben seguir para el tratamiento de la obesidad y la diabetes están establecidos en NOMs que se aprueban en consulta con la industria farmacéutica, los laboratorios privados y muchos otros actores que tienen interés en que se establezcan ciertos tratamientos. La NOM solo se puede actualizar mediante un largo procedimiento con candados que permiten la influencia de grupos de interés. Así, mientras que en otros países el tratamiento de la obesidad y la diabetes se ha actualizado, acá sigue preso de los intereses de las farmacéuticas.
El entramado regulatorio contiene tantas normas que dan ventaja a algunos actores económicos por encima de otros que la propia Comisión Federal de Competencia lo ha identificado como uno de los espacios que más inhiben la competencia a nivel país. Por ejemplo, municipios con regulaciones de suelo o circulares que de facto impiden el crecimiento de negocios rivales o industrias que compitan con los cotos actuales, o procedimientos que fijan estándares similares a multinacionales que a negocios pequeños.
Esto no sucede solo en México. En Estados Unidos también pasa. Razón por la cual el presidente Biden recientemente llamó a hacer una revisión exhaustiva de todo el marco regulatorio con el fin de erradicar cualquier restricción que eliminara la competencia o favoreciera a una empresa por encima de otras.
El propio NAFTA y su actual sucesor, el TMEC, fue negociado teniendo un grupo de asesores del sector privado conocido como “el cuarto de junto”. El cuarto de junto era básicamente un grupo de cabilderos con intereses particulares que lograron introducir su agenda en el tratado disfrazándola de beneficios para el país. En realidad, era un beneficio para ellos. El efecto de esos intereses es evidente en la poca atención que el tratado comercial dio a los pequeños y medianos empresarios, y la aprobación de regulaciones de propiedad intelectual que favorecen a las empresas consolidadas en detrimento de crear nuevas.
Lo mismo sucedió con la Ley Fintech que, en un inició se pensó favorecería la competencia en el sector bancario, pero que fue cabildeada por la banca tradicional para que contuviera letra chica que matara a la nueva banca. O más bien, que dificultara su actuar hasta que la banca tradicional lograra dominio sobre las nuevas tecnologías.
Desregular no resolverá este problema. No se trata de eliminar la regulación, sino de volverla más inteligente. Para eso, el gobierno debe revisar desde cero toda la regulación existente y mapear los efectos que ésta tiene en la competencia. Se debe erradicar cualquier coto de poder escondido en regulaciones. Esto es algo que, se supone, debería hacer la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER). Sin embargo, la comisión se encuentra rebasada.
Una revisión exhaustiva de la regulación que erradique cotos de poder creados artificialmente es una condición para separar al poder económico del poder político.