Sólo 4 fiscalías anticorrupción operan con total autonomía en México, reconoce su presidenta

A unos días de cerrar su gestión de dos años al frente de la presidencia de la Conafa, la fiscal reconoce avances importantes en temas de coordinación entre fiscalías y sobre todo de un plan y ruta de trabajo para los próximos años; sin embargo, advierte que el panorama es complejo en materia de autonomía, recursos y resultados.

Si bien no existe una norma general sobre cómo deben conformarse las Fiscalías Especializadas en Materia de Combate a la Corrupción (FEMCC) en México, Villanueva Arzápalo explica que por la sensible de su función estas tienen que ser instituciones libres de conflictos de interés y de presiones económicas o políticas que condicionen su funcionamiento.

“Desafortunadamente, la mayoría de las fiscalías anticorrupción dependen administrativa o económicamente de las fiscalías generales y eso no permite el trabajar con cierta autonomía en las investigaciones. Estamos sujetos a lo que fiscalías generales determinen y eso es un problema” sostiene Villanueva.

Las fiscalías que gozan de autonomía plena, por lo menos en el papel, son las de Campeche, Chihuahua, Durango y Yucatán. En esos estados el procedimiento para nombrar al fiscal anticorrupción recae enteramente en el Congreso quien lo hace a partir de las propuestas que vienen de un comité ciudadano o del Ejecutivo.

Además, quien resulta electo no es ni subordinado ni empleado del fiscal del Estado. Por el contrario, encabezan entes autónomos con plena autonomía técnica, operativa y administrativa, lo que incluye el manejo de su propio presupuesto.

Sin embargo, estos casos siguen siendo los menos. La mayor parte de las fiscalías anticorrupción están sujetas a una Fiscalía General que en cualquier momento puede llegar a disponer de un personal y de recursos que de por sí son escasos:

“No se tiene personal propio y los rotan. Es uno de los problemas de carecer de esa autonomía”, dice Arévalo.

Recursos limitados en las Fiscalías

Aunque la federación destina recursos para la investigación de casos de corrupción a través de subsidios y fondos como el llamado Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), el que la mayor parte de las fiscalías anticorrupción no sean autónomas les impide acceder de forma directa a este recurso.

“Algunas fiscalías no podemos acceder al FASP lo cual es un gran problema porque nos quedamos sin la entrada de ese recurso y de por sí los presupuestos no son ni medianamente los ideales que se requieren para tener fiscalías con un funcionamiento adecuado”, destaca Villanueva Arzápalo.

La presidenta de la Conafa da botones de muestra de los problemas de recursos que se enfrenta. En Tlaxcala, por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción cuenta con apenas ocho policías de investigación para toda la entidad, mientras que en Quintana Roo apenas se cuenta con 16.

A la falta de capital humano se suma el déficit de recursos materiales. La mayoría de las FEMCC opera, según el diagnóstico de la presidenta, sin vehículos propios. En muchos casos los recursos con los que operan son préstamos de las fiscalías generales de justicia.

El carecer de los insumos suficientes, de una autonomía adecuada de gestión y de un marco normativo sólido afectan la calidad y cantidad de los resultados.

“La realidad es que la gran mayoría de las fiscalías funciona sin los recursos suficientes. En todas hace falta presupuesto y manos”, subraya la presidenta de la Conafa.

​Caso Corral provoca desconfianza 

Otro frente abierto, señala la presidenta de la Conafa, es el de la poca confianza que los ciudadanos aún muestran en las FEMCC y que se agrava con episodios como el fallido intento de detención del ex gobernador de Chihuahua y hoy senador Javier Corral, ocurrido el 14 de agosto en un restaurante Gin Gin de la colonia Condesa en la Ciudad de México.

La orden de aprehensión la intentaron cumplimentar por agentes de la FEMCC de Chihuahua derivada de una investigación por un posible enriquecimiento ilícito; sin embargo, el encargado de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Ciudad de México, Ulises Lara, lo impidió al establecer que no se había agotado el procedimiento de colaboración respectivo.

Unos días después, Lara acusó que el intento de detención había tenido una finalidad política, y que no había convenio de colaboración con la FEMCC de Chihuahua para este tipo de diligencias. Acto seguido, la FEMCC de Ciudad de México acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) a denunciar a su contraparte de Chihuahua por las supuestas irregularidades.

De acuerdo con Villanueva Arzápalo este es otro de varios casos en los que un asunto que debería dirimirse estrictamente entre fiscalías anticorrupción estatales (incluso la FGR no debería tener competencia) se ve enturbiado por posibles intereses políticos y la frágil autonomía con la que, en los hechos, aún trabajan varias fiscalías.

“Situaciones como estas abonan mucho para el tema que tenemos de la falta de credibilidad y de confianza ante la ciudadanía. Se están peleando entre autoridades, están litigando en asunto, en medios, y eso es responsabilidad de ambas partes. Es un asunto donde no gana nadie y quien pierde es la ciudadanía”, dice Villanueva Arzápalo.

Retos, avances y coincidencias

Aun con las dificultades la fiscal Villanueva destaca que las fiscalías anticorrupción han conseguido avances importantes en los últimos cuatro años. Uno de los más importantes, dice, fue el haber logrado en marzo de 2023 la constitución formal de la Conafa como una asociación civil, lo que le da certeza jurídica para incluso recibir recursos en beneficio de las FEMCC que la integran.

Villanueva destacó, por ejemplo, que gracias al apoyo que recibieron de la embajada de Estados Unidos y de otras instancias en Quintana Roo consiguieron financiar 26 becas de doctorado para sus elementos, y se impulsaron programas de capacitación e integridad en el servicio público. Se trata de replicar este tipo de acciones, pero a escala nacional.

La fiscal además destacó que desde la Conafa han logrado establecer una ruta de trabajo para el fortalecimiento de las fiscalías que coincide en varios puntos con la estrategia anticorrupción anunciada en meses previos por el equipo de la hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum.

Se trata de un plan de cinco ejes y que incluye temas como la visibilidad institucional, prevención del delito, intercambio de buenas prácticas, fortalecimiento de capacidades institucionales y armonización normativa.

Entre las acciones concretas que se están buscando se encuentra, por ejemplo, diseñar y aprobar un Código Penal único en delitos de corrupción, situación que ayudaría, por ejemplo, a la coordinación de acciones y a la recuperación de activos producto de corrupción.

“Nos urge esta parte porque hay un gran desorden en ello. Es urgente armonizar procedimientos administrativos, homologar procedimientos y acciones y socializar todo ello (…) Se trata de todo un trabajo encaminado a fortalecer a las fiscalías en un contexto donde otras instancias del sistema nacional anticorrupción están en riesgo”, concluye la presidenta de la Conafa.

RM