Luego que se diera a conocer que Héctor El Güero Palma Salazar no obtuvo su libertad, su abogado, José Gabriel Hernández Rodríguez, señaló que se trata de una acción en contra de su cliente por no haber pagado una “estratosférica” suma de dinero a cambio de su excarcelación, motivo por el cual incluso denunciaron a la autoridad penitenciaria federal.
La defensa confirmó que la orden que retuvo a Palma en el penal de Almoloya es por homicidio calificado ocurrido en 1992 en Guerrero; sin embargo, afirmó que esta orden está plagada de irregularidades, ya que su cliente había sido juzgado por ese delito y fue absuelto.
“Efectivamente hay una orden de aprehensión ejecutada en las primeras horas de la madrugada del día de hoy por un delito de homicidio calificado de hechos de 1992, los cuales el señor Palma ya fue juzgado procesado, absuelto de los mismos”, declaró.
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Hoy se celebró una audiencia en la cual El Güero Palma denunció que fue víctima de un intento de extorsión. Afirmó que le pidieron una suma importante de dinero a cambio de su libertad, de lo contrario seguiría en prisión.
“En tiempos de pandemia entraron, cuando no podía entrar nadie al reclusorio, entraron a solicitarle una cantidad estratosférica de dinero a cambio de su libertad…Si no daba ese dinero le iban a dar, como lo dijo en audiencia pública, tenemos audio y video, le iban a estar inventando delitos y pues esto nos lo demuestra”, sentenció.
De ahí que consideró una persecución en contra de su cliente por no haber accedido a pagar ese dinero y por lo que Palma Salazar arremetió contra el director del Cefereso; además, la orden de aprehensión no está motivada ni fundamentada, aunado a que fue una jueza de Hidalgo la que otorgó la orden y no la autoridad judicial de Guerrero.
“Son por lo menos 95 hojas la orden de aprehensión y solo tenemos tres, una certificación de la FGR que no tiene nada que ver porque es del orden común y algo más grave nos habla de iguala de Guerrero quien lo expide y firma una juez de Hidalgo”.
Aparte, debido a que la acusación es del fuero común, fue la autoridad federal quien notificó la orden, cuando debió ser una autoridad estatal, pero no tienen certeza si son guerrerenses o hidalguenses.
“Viene un policía federal ministerial a cumplimentar que tampoco él tiene que cumplimentar una orden, dado que es un delito del fuero común; debió haber venido un juez o la policía investigadora, no sé si de Guerrero o de Hidalgo”.
La defensa analizará las irregularidades de este mandamiento para poder determinar si piden un término constitucional ampliado o el término de 72 horas para mostrar las anomalías.
“Tendremos que esperar a que le tomen la declaración preparatoria al señor palma y haremos valer todas estas anomalías, aportaremos dentro del termino constitucional las pruebas documentales que respaldan que él ya fue exonerado”, concluyó.
DMZ