La empresa Aleatica (antes OHL México) recibió un revés judicial porque una magistrada federal confirmó la resolución del juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna de no vincular a proceso al abogado Paulo Diez Gargari.
El pasado 15 de diciembre, la Fiscalía General de la República judicializó una carpeta de investigación contra el litigante, a quien se le acusó de difundir información supuestamente falsa en entrevistas y en seis desplegados publicados en diversos medios de comunicación, en los que realizó comentarios sobre las irregularidades en la operación de la constructora española OHL en México, información que la empresa alegó que es falsa.
En sesión celebrada el pasado jueves 2, para resolver el recurso de apelación, la magistrada del cuarto tribunal unitario en materia penal del primer circuito, Graciela Rocío Santes Magaña, coincidió en que la imputación de la FGR fue deficiente.
Asimismo, que ni los asesores jurídicos de las compañías Aleatica y ConMex ni los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contribuyeron a especificar exactamente por qué eran falsas las seis informaciones difundidas por Diez Gargari en los medios de comunicación.
Dicho expediente de investigación contra Diez se inició en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.
Pese a que la resolución le favoreció, Paulo Diez dijo que aún queda pendiente que los tribunales resuelvan que no es posible que se pretenda usar un artículo de la Ley del Mercado de Valores para criminalizar la libertad de expresión por la vía penal, por lo cual es probable que en breve presente un amparo para que los tribunales se pronuncien sobre ese tema.
Antecedentes
En la administración de Peña Nieto, Diez denunció irregularidades por parte de OHL México, lo que originó denuncias en su contra y que la Procuraduría General de la República lo empezara a investigar.
Uno de los señalamientos contra la empresa constructora fue que incurrió en sobornos y sobreprecios; incluso en esa época en la red social de YouTube se difundieron audios donde se escuchaba la voz del entonces secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza.
Durante este asunto, agentes de la PGR sembraron un arma de fuego a Paulo Diez para tratar de detenerlo, pero a través de grabaciones de las cámaras del Gobierno de Ciudad de México se descubrió tal situación, por lo que la entonces titular de la procuraduría Arely Gómez González ordenó la captura del personal de la institución.
En diciembre pasado, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna consideró que la opinión de delito que emitió la Comisión Nacional Bancaria de Valores, previsto en la fracción 1 del artículo 383 de la Ley del Mercado de Valores, fue una opinión sesgada. La opinión de la CNBV fue emitida en junio de 2017, es decir, en el sexenio anterior.
Delgadillo añadió que la parte que imputaba no precisó tampoco el nexo de atribuibilidad.