Sin pruebas de ADN de Rafael Moreno Valle ni Martha Erika Alonso y con una carpeta de más de 50 páginas sobre el caso sin ser tomadas en cuenta en su totalidad, es como se maneja el proceso legal sobre el helicópterazo dOnde murieron cuatro personas el pasado 24 de diciembre del 2018, así lo señaló para MILENIO Puebla, el abogado Gilberto Vladimir Montalvo.
Del mismo modo el representante legal de uno de los detenidos, mencionó que inclusive hasta el momento no hay ninguna prueba pericial que dictamine la causa del accidente, ni siquiera si habría algún responsable directo por el mismo, hecho que a su parecer es bien sabido por el Gobierno Federal, sin embargo considera que la presión ejercida por el Gobierno del Estado y una serie de fallas de proceso en la Fiscalía General del Estado, han repercutido en la deficiencia del dictamen legal.
Luego de que se diera a conocer que el piloto del helicóptero de los Moreno Valle habría estado intoxicado por monóxido de carbono al momento del fatídico accidente donde perdieron la vida él, su copiloto, el Senador Rafael Moreno Valle y la gobernadora de Puebla Martha Erika Alonso, el abogado Gilberto Vladimir Montalvo, ha dado a conocer que este hecho es solo uno de muchos que no han sido tomados en cuenta hasta ahora en el proceso legal del caso.
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Del mismo modo, se reveló que el informe de la Secretaría de comunicaciones y Transporte (SCT) donde se señala que el motor se abría apagado de manera inesperada, no coincide con el dictamen de Ian James Foord, ajustador de la compañía de seguros Global Aerospace, donde expresa que la caída del helicóptero se debió a la pérdida de potencia en el motor y la falta de capacidad del piloto por recuperar la fuerza del mismo.
"Son situaciones que ya conocía la Fiscalía desde hace tres años, todo lo que las autopsias revelaron en el levantamiento de los cuerpos, no es algo nuevo, simplemente que hay muchas cosas que no se han revelado, porque es un expediente de más de 50 hojas", apuntó el defensor legal, quién expresó que hay una serie de pruebas que de ser tomadas en cuenta por el Juez, darían la libertad de al menos su cliente.
El representante legal de Ricardo Montiel, quien fungía como mecánico de mantenimiento en la aeronave y actualmente se encuentra detenido y vinculado por su presunta relación con el accidente aéreo, señaló que la intoxicación del piloto Roberto Coppe Obregón, es apenas una de muchas pruebas que aún se encuentran en la carpeta de investigación del caso, sin ser tomadas en cuenta por el Juez en turno.
"El tema de la aseguradora, que aún no haya una prueba de ADN que constate que hallan sido esas personas quienes murieron y varias cuestiones son las que se han pasado por alto hasta el momento", argumentó el entrevistado, quién además dió a conocer que sería el próximo 22 de junio cuando se tendrá una audiencia en el Juzgado Federal, donde se espera, se lleve de ahora en adelante el caso, tal como lo marca la ley ante la muerte del Senador de la República Mexicana.
Del mismo modo, confirmo que el próximo 11 de julio sería cuando se termine el plazo probatorio, por lo cual, se espera poder apelar ante la ley por las pruebas presentadas y el avance de las investigaciones para que el mecánico Ricardo Montiel salga en libertad o al menos pueda continuar con su proceso legal fuera.
A pesar de que el caso se mantiene abierto, el abogado perteneciente al Estudio Jurídico "Montalvo y Terrones", señaló que un mal actuar por parte de la SCT y la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), quien a su parecer fincó responsabilidades penales de manera inoportuna al no realizar un trabajo pericial previo sobre los ahora detenidos, entre los que se encuentra su cliente, es parte de los problemas con que se debe lidiar en el proceso legal del caso, hecho que espera sea tomado en cuenta por las autoridades federales.
Un total de 12 imputados y nueve detenidos que han sido vinculados a proceso por su presunta responsabilidad en el accidente aéreo, es el saldo de la investigación que la Fiscalía de Puebla a basado en solo un peritaje, mismo que se realizó el pasado 27 de marzo del 2020 por la Agencia Federal de Aviación (AFAC), perteneciente a la SCT, hecho que al menos por los estándares legales es calificado como "insuficiente" por la importancia que tiene el caso.
AFM