Aunque el alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso Placencia, negó estar casado con Laura Elena Sánchez Guzmán, presa por homicidio calificado y secuestro, documentos oficiales en poder de MILENIO demuestran que sí contrajo matrimonio con ella en 2005.
De acuerdo con el acta de matrimonio 109, del libro 12 del Registro Civil, expedida por el Gobierno del Distrito Federal en el juzgado 13, Alonso Placencia y Sánchez Guzmán, ambos de 25 años, contrajeron nupcias bajo el régimen de sociedad conyugal, el 5 de mayo de 2005, un año antes de que la mujer fuera detenida.
En el documento con sellos oficiales, los contrayentes aparecen como originarios del DF, con domicilio en la delegación Iztacalco.
En cartas firmadas por Sánchez Guzmán, quien purga una condena de 45 años por el plagio y asesinato de su prima de 11 años, lo señala como su amigo, y más tarde, como su esposo.
En uno de los mensajes para el área de Trabajo Social de la prisión, fechado el 15 de mayo de 2010, escribió: “Me dirijo a usted para dar de alta como mi pareja al señor Enrique Plasencia (sic), ya que es del exterior”.
Un informe de visita domiciliaria expedida por las autoridades del penal el 21 de agosto de 2013 consigna al funcionario como el esposo de la reclusa; sin embargo, asegura que su unión “no continúa” y que, al parecer, contrajo matrimonio con la interna cuando ya tenía otra relación.
La mañana de ayer, en entrevista con Ciro Gómez-Leyva en Radio Fórmula, el munícipe sostuvo que esta mujer ni es su esposa ni tiene ningún vínculo sentimental con ella. “Esto es una verdadera aberración del gobierno estatal”, acusó.
—¿Laura Elena Sánchez no es su esposa?
—No es mi esposa.
Placencia expresó tener 20 años de casado con la madre de sus hijos. Dijo que sí conoce a la detenida en la cárcel distrital de Jojutla, porque estudiaron juntos en la primaria Miguel Salinas durante el quinto y sexto grado.
También señaló que el pasado 6 de enero visitó dicha cárcel, donde está recluida desde 2006 para festejar a los hijos de los presos. “La saludé y abracé, como a todas las demás”.
Al asegurar que el gobierno estatal, al que calificó de opresor, le pone “esferitas” que no tienen que ver con él, reprochó: “Ellos (las autoridades estatales) siguen denostando a mi persona no por oponerme al mando único, sino por rechazar la directriz con la que se conducen los elementos en este esquema”.
Manifestó que con esta “aberración”, la administración de Graco Ramírez “deja muy claro que le es más benéfico denostar a un ciudadano que exige respeto a los derechos humanos, que dar una orden para que ya no estén lastimando, ni atropellando los derechos humanos de los ciudadanos de Tlaquiltenango”.
Desde que tomó el cargo el 1 de enero de 2016, la confrontación de Placencia con el gobierno estatal ha sido abierta, sobre todo porque fue evidenciado como responsable del delito de trata de personas en Chiapas, donde fue encarcelado en 2009.
Según él, ni está relacionado con el crimen organizado y de ese conflicto penal dijo haber salido “absuelto”, pues se trató de algo “sembrado” por elementos policiacos que pretendieron extorsionarlo.
Ayer, el fiscal del estado, Javier Pérez Durón, informó la identificación de los responsables de la inhumación irregular de 118 cadáveres en una fosa clandestina en Tetelcingo.
Dijo que de esos cuerpos, dos ya fueron entregados a sus familiares, y de los restantes, 61 han sido plenamente identificados con nombres y apellidos.
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