El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios estatales, tanto actuales como fuera del cargo, fueron acusados por la fiscalía estadunidense de tener vínculos con el narcotráfico. Aquí te contamos todo lo que se sabe del caso.
De acuerdo con autoridades federales estadunidenses, los acusados habrían conspirado durante años con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos, para facilitar el tráfico de drogas hacia ese país, a cambio de sobornos millonarios y apoyo político. El caso fue presentado en el Distrito Sur de Nueva York.
¿Quiénes son los acusados y de qué se les señala?
La acusación formal incluye a diez personas, todas ellas identificadas como funcionarios de alto nivel en Sinaloa, tanto en activo como en funciones pasadas. Entre ellos destaca el actual gobernador, Rubén Rocha Moya, quien ocupa el cargo desde noviembre de 2021.
Junto a él aparecen nombres vinculados a áreas clave de seguridad y procuración de justicia en el estado, incluyendo mandos policiales, funcionarios de fiscalías y autoridades municipales.
Entre los señalados están:
- Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República; exsecretario general del gobierno de Sinaloa.
- Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias Cholo, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- Dámaso Castro Saavedra, fiscal General Adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias Tornado, exsubdirector de la Policía del Estado de Sinaloa
- Juan Valenzuela Millán, alias Juanito, excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán.
Según la acusación, todos ellos habrían formado parte de una red de corrupción institucional que operaba en distintos niveles del gobierno estatal y municipal para beneficiar directamente al Cártel de Sinaloa.
Los delitos imputados incluyen conspiración para el tráfico de drogas, uso de armas en actividades criminales y, en algunos casos específicos, secuestro y homicidio.
En particular, el excomandante Juan Valenzuela Millán enfrenta cargos adicionales relacionados con el secuestro y asesinato de una fuente confidencial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y un familiar de esta.
¿Qué dice la acusación de EU?
El documento judicial señala que los acusados conspiraron para importar grandes cantidades de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina desde México hacia Estados Unidos. Esta operación, según fiscales, no habría sido posible sin la participación activa de funcionarios públicos.
De acuerdo con la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el esquema incluía protección institucional al cártel, filtración de información confidencial y uso de corporaciones policiales para facilitar las operaciones criminales.
Las autoridades estadunidenses sostienen que los funcionarios señalados:
- Protegían a líderes del cártel de investigaciones y detenciones
- Compartían información estratégica sobre operativos
- Ordenaban a policías resguardar cargamentos de droga
- Permitían actos de violencia sin intervención
A cambio, habrían recibido millones de dólares provenientes del narcotráfico.
El fiscal federal Jay Clayton afirmó que el caso evidencia cómo organizaciones criminales dependen de la corrupción política para operar. Señaló que el objetivo es enviar un mensaje claro: ningún funcionario está por encima de la ley, independientemente de su cargo o país.
El vínculo con Los Chapitos
Uno de los puntos centrales de la acusación es la supuesta cercanía entre los funcionarios y la facción del Cártel de Sinaloa conocida como Los Chapitos, integrada por hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Según el documento, los acusados habrían trabajado directamente con esta facción para garantizar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y consolidar su control territorial en Sinaloa.
En el caso particular del gobernador Rocha Moya, se señala que habría recibido apoyo de este grupo para ganar la elección, mediante actos de intimidación y secuestro de rivales políticos. A cambio, presuntamente se comprometió a proteger las operaciones del cártel.
La acusación también indica que, ya en el cargo, el mandatario habría permitido que la organización operara con impunidad en el estado.
Otros funcionarios, como el subprocurador señalado en el documento, habrían recibido pagos mensuales a cambio de alertar sobre operativos y evitar detenciones.
Violencia, secuestros y control territorial
Además del tráfico de drogas, la acusación describe una estructura que no sólo facilitaba el narcotráfico, sino que también participaba en la violencia del cártel.
Se presume que algunos de los acusados utilizaron a corporaciones policiales para realizar acciones directas contra rivales o presuntos informantes. Esto incluiría detenciones arbitrarias, secuestros y asesinatos.
Uno de los casos más graves es el secuestro de una fuente de la DEA en 2023, presuntamente con apoyo de un comandante policial. Tanto la fuente como un familiar habrían sido torturados y asesinados tras ser acusados de colaborar con autoridades estadounidenses.
El documento sostiene que estas acciones formaban parte de una estrategia para mantener el control territorial y evitar filtraciones que pusieran en riesgo la operación del cártel.
EU contra el Cártel de Sinaloa
La acusación se inscribe en un contexto más amplio de acciones legales emprendidas por Estados Unidos contra el Cártel de Sinaloa desde 2023. En ese periodo, más de 30 integrantes y asociados han sido imputados en ese país.
Las autoridades estadunidenses consideran a esta organización como una de las más violentas y extendidas a nivel global, con redes que abarcan América Latina, Asia y Estados Unidos.
El cártel ha sido señalado por su papel en la crisis de sobredosis en territorio estadunidense, particularmente por el tráfico de fentanilo, una droga altamente letal.
Según la acusación, la organización ha logrado expandirse gracias a alianzas con actores políticos y de seguridad en distintos países, lo que le permite operar con un alto grado de impunidad.
Rubén Rocha rechaza acusaciones
Poco después de que se dieran a conocer las acusaciones, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, publicó un mensaje en redes sociales donde rechazó las imputaciones en su contra.
"Rechazo categórica y absolutamente las imputaciones formuladas en mi contra por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, ya que carecen de veracidad y fundamento alguno. Y así se demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno", escribió.
"Este ataque no es únicamente a mi persona; sino al movimiento de la Cuarta Transformación, a sus emblemáticos liderazgos, y a las y los mexicanos que representamos esa causa".
SRE recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que un día antes de que se dieran a conocer las acusaciones, es decir, el 28 de abril a las 18:00 horas, recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra diversas personas por parte del gobierno de Estados Unidos.
"De acuerdo con el marco normativo vigente bajo la Ley de Extradición Internacional, se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República (FGR) para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana".
Sin embargo, puntualizó que, tras una revisión jurídica, la documentación no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas señaladas.
ROA