Rodrigo Nova Cacho, de 28 años, se esfumó el 22 de abril del 2020 en los linderos de Bungalows Real del Sol, un hotel en la paradisíaca región de Rincón de Guayabitos, en Nayarit. Un día después su madre, Karina Nova Cacho, le alcanzó a mandar un mensaje de WhatsApp en el que le decía “Te amo”, texto que fue leído en el móvil de Rodrigo pues se marcó la doble “palomita” pero jamás fue contestado.
El 25 de abril una ex novia de Rodrigo le marcó visiblemente alterada a la señora Karina Nova, gritándole vía telefónica que “a Rodrigo lo mataron, ¡lo mataron!, me lo dijo un amigo de él. No sé dónde”. La madre del joven cayó en shock: “¿Por qué, quién me lo mató?”, dijo antes de lanzar lejos el teléfono, desesperada. A casi tres años de esta desaparición hay seis policías municipales detenidos, pero nada se sabe de Rodrigo. Las inconsistencias en las versiones de las autoridades cunden en este caso.
Por otra parte, una voz desconocida le hizo a Alejandra Pérez una ominosa recomendación por teléfono: “Vete preparando unas velas, porque las vas a necesitar”. Desde el 22 de julio del 2017 ella busca a su hermano, el soldador certificado Santiago Eloir Pérez Reyes, de 28 años. Con palabras altisonantes le exigían a Alejandra un rescate cuantioso, so pena de enviarle a su familiar “en pedacitos”. Tras varios días de negociación, los presuntos secuestradores jamás entregaron una “prueba de vida”.
No fue el único trabajador víctima del crimen. Santiago Eloir fue “levantado” en las afueras de un casino en construcción en Tepic, la capital nayarita y junto con él, un comando armado secuestró a otro soldador y también a un carpintero, unos mecánicos, alguien que limpiaba albercas y otros obreros más. Las llamadas de extorsión a la familia Pérez describían datos precisos del desaparecido, pero no daban pruebas de que el joven continuaba con vida.
No hay nadie en la cárcel por esta desaparición, pero sí una intervención del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que fue alertada de la desaparición sistemática de más de 20 jóvenes en Nayarit, ocurridas todas el 22 de julio.
De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), entre el 17 de abril de 2013 y el 17 de abril de 2023 han desaparecido mil 952 ciudadanos en Nayarit, un estado donde el porcentaje de personas localizadas está por debajo del promedio nacional: mientras que en el país son encontrados el 40 por ciento de los desaparecidos, en Nayarit sólo son localizados el 31 por ciento.
Los datos oficiales indican que al menos el 10 por ciento (66 personas) fueron localizadas sin vida en la última década.
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La Fiscalía también desaparece
A Jesús Antonio Pinzón Angulo se lo llevaron elementos de la Fiscalía General de Nayarit junto con el señor Rogelio Guzmán Rodríguez. Pinzón tenía 23 años al momento de su detención. En un gran operativo de la Fiscalía, los ministeriales irrumpieron en una fiesta en la colonia Miguel Hidalgo a petición de María de Jesús Rochín Ceis, de 43 años que resultó ser, junto con su hermano, integrante de una célula delictiva.
“Se llevaron a mi gordo y al señor Guzmán Rodríguez”, acusa Leticia Pinzón, madre de Jesús Antonio. “Hubo una riña propiciada por la señora María de Jesús, quien empezó a amenazar en la fiesta que nadie se burlaba de ella; en menos de una hora regresó con un grupo de ministeriales para llevarse a dos personas. El dueño de la casa y organizador de la fiesta alcanzó a huir”.
Desde el 31 de diciembre del 2021 María de Jesús se encuentra en la cárcel, aunque aún no tiene sentencia. Pero Jesús Antonio Pinzón y su compañero fueron hallados, junto con otros seis cuerpos, en una fosa clandestina en el predio La Sauceda, en el municipio de Xalisquillo, colindante con Tepic. Una vez hecho el hallazgo, la Fiscalía reorientó la carpeta de investigación hacia un “pleito entre particulares” para evitar investigarse a sí misma, desde el interior de la corporación.
En el occidente del país, Nayarit, un estado de apenas 20 municipios tiene severos problemas de desaparición forzada: la mayoría de los casos se concentran en los municipios de Tepic, Bahía de Banderas, Compostela y Xalisco, donde está presente la mano tenebrosa de sus policías municipales y fiscales locales, aseguran colectivos de búsqueda y activistas locales. El periodo más fatídico fue durante la gestión del gobernador Roberto Sandoval y el fiscal Édgar Veytia, condenado a 20 años en el Tribunal Federal de Brooklyn.
Aquí, igual que en Jalisco y en Veracruz, el modus operandi de las “desapariciones” no se entiende sin la participación de policías municipales o ministeriales adscritos a la Fiscalía General del Estado. Una especie de “narcopolicías” que entregan a jóvenes al crimen organizado, como si se tratara de enviar mercancía robada o una pizza a domicilio.
Los familiares de desaparecidos coinciden en que en Nayarit “todo se pudrió” desde que Roberto Sandoval García llegó a la gubernatura del estado –hoy está preso en el Centro Federal de Readaptación Social El Rincón– y Édgar Veytia sembró el terror desde la Fiscalía local.
A pesar de que estos oscuros personajes están tras las rejas, la estructura criminal en la Fiscalía General del Estado continúa intacta, pese a los siguientes gobiernos del panista Antonio Echevarría, quien fue gobernador hasta 2021, y del mandatario estatal morenista Miguel Ángel Navarro, que hoy minimiza y evade el conflicto social que significa la crisis de las personas desaparecidas.
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El presidente habla de carreteras
Karina Nova está desesperada, llena de amargura. Su hijo está por cumplir tres años de desaparecido y no hay una sola respuesta de autoridad alguna. Fue detenido por policías municipales de Compostela supuestamente por portar un arma, pero según la propia policía fue “soltado” a las 2:30 am del día 23 de abril, tras pagar solo 500 pesos de multa. Su detención había sucedido a las 10:25 pm del día anterior.
“No hay firma de él, de su ingreso ni de sus pertenencias, están omitiendo mucha información. No sé a quién están protegiendo. Tampoco se sabe nada de su carro, un Jetta 2018 de color rojo, solicité su sábana de llamadas pero no se ha conseguido mucho”, reclama Karina Nova.
En dos ocasiones, en la mañanera, le han preguntado al presidente, Andrés Manuel López Obrador sobre la extraña desaparición de Rodrigo Nova y el presidente solo habla de nuevas carreteras en el paraíso de Nayarit, del nuevo impulso al turismo en esa región y de la “integridad” del gobernador Navarro.
“De nada me sirve tener cien policías en la cárcel si no dicen dónde está mi hijo. Los policías están detenidos por desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad y crimen organizado (…) El presidente solo contestó que le iban a dar seguimiento y luego se puso a hablar de carreteras. Dos veces le han preguntado del caso, en una dijo que me buscaría Alejandro Encinas (sic), es la fecha en que nadie de su oficina me ha llamado”, relata con rabia en la voz la señora Karina.
En la carpeta de investigación 1117-2020 se consigna que Rodrigo Nova fue detenido a las 10:25 pm, pero fue ingresado una hora después, a las 11:30 pm, en los separos de La Peñita, de la Policía Municipal, en un trayecto que por la cercanía no debió tardar más de 10 minutos. En este caso resultó clara la participación de policías en su desaparición y la complicidad de elementos de la Fiscalía, que no investigaron.
“No tengo dinero, pero tengo mucho amor de madre para buscar a mi hijo. Familiares y amigos me han dicho ‘no te metas, te puede pasar algo’, y míreme ahora, lo estoy buscando sola. ¿Por qué tiene uno que excavar la tierra para encontrar a su hijo?”, dice compungida la madre buscadora nayarita. “Si ya les hicieron daño, lo que uno quiere es encontrarlos, y si les molesta que uno los ande buscando pues que no los escondan”.
Más de 18 fosas clandestinas
Alejandra Pérez es la líder del Colectivo Unidos en Nayarit. Tienen de forma activa a casi 150 miembros que buscan a sus hijos, hijas, hermanos y esposos. Han encontrado y trabajado más de 18 fosas, la más reciente en las faldas de la Cueva del Diablo, en Tepic, pero también en El Pantanal, en Compostela y en Bahía de Banderas.
“Yo no tendría por qué estar aprendiendo esto, nos han obligado a estar en estas, es una deuda grandísima del estado. Corremos demasiado riesgo, nos andamos metiendo donde ni siquiera la policía quiere entrar, y en este último punto, uno de los más peligrosos, sabemos que está ocupado por criminales… ojalá entiendan que buscamos por amor, porque tenemos la necesidad de regresar a los nuestros a casa”.
Alejandra señala que su hermano y otros nayaritas desaparecieron del fraccionamiento Jacarandas, pero que ese mismo día otras personas fueron “levantadas” del residencial Lagos del Country. Una operación sistemática en la que las autoridades estatales quisieron justificar como hechos aislados.
“Desaparecen de forma simultánea, nosotras peleábamos qué no era algo aislado, sino que hay una constante en estos levantones: hay alguien con una máscara con dibujo de calavera, que es el que dirige, además de unas camionetas CRV gris y blanca, igualitas a las camionetas que usaba la Fiscalía. Los pocos testigos que aceptaron hablar describen de la misma manera a quienes encabezaron el operativo en los distintos eventos”.
Alejandra Pérez asegura que no va a descansar hasta saber qué pasó con su hermano, por supuesto está consciente en que su vida corre riesgo por salud y desgaste emocional, y por la amenaza constante de quienes no quieren que el Colectivo Unidos en Nayarit siga indagando.
“En su momento hicimos huelga de hambre en la PGR –hoy FGR– después se nos unieron más familias, logramos la extracción de 80 carpetas al fuero federal. Decidimos salir del estado porque veíamos estancadas las investigaciones. Una proveía información y no avanzaban nada, por lo que tuvimos que escribir al comité de la ONU”.
El 17 de agosto del 2020 el comité de la Naciones Unidas dictaminó 30 acciones urgentes por parte del estado para remediar esta desaparición forzada.
Exonerar a la Fiscalía
Leticia Pinzón confirma que la autoridad pretende que ella ya se quede quieta, una vez que su hijo fue enterrado y la autora intelectual del “levantón” y posterior asesinato ya está en la cárcel. Pero Pinzón señala que quiere llegar hasta las últimas consecuencias.
“Navarro –el gobernador– y Toño Echevarría –el ex gobernador– maquillaron las cosas”, denuncia Leticia. “Alaban mucho al fiscal Petronilo Díaz Ponce y al que quedó de su segundo, cuando ambos desde el 2017 tuvieron todo parado”.
Díaz Ponce fue elegido como Fiscal General del estado de Nayarit desde 2017 hasta diciembre de 2026.
La señora Pinzón piensa que en la gubernatura y la Fiscalía “quisieron hacer pensar de que en Tepic no pasa nada, minimizaron el problema, aprovechando qué aquí no hay prensa. Aquí los periódicos son del estilo: ‘Lo que usted mande, señor gobernador’”.
Ahora Pinzón recrimina que en las investigaciones de la carpeta por secuestro y homicidio de su hijo, la Fiscalía reorientó la investigación a un secuestro por problemas entre particulares, a fin de exonerar a una decena de empleados de ese órgano que participó en el operativo en la colonia Hidalgo.
Leticia explica que la carpeta se judicializó pero los altos mandos la quieren dejar en el fuero común para exentar a la Fiscalía, pese a que fueron sus elementos los que llegaron a la fiesta armados. “Incluso el entonces encargado de la Unidad Antisecuestros, Juan Carlos Villegas Navarro, solapó a mucha gente y borró mucha evidencia. Él ya se jubiló pero considero que debería ser llamado a rendir cuentas”.
Hoy, familiares de los desaparecidos lamentan que la actual Fiscalía General de la República tenga en completo olvido la llamada “carpeta madre”, con la cual se daría castigo a diversos servidores públicos por la desaparición de 22 personas en julio del 2017, y que pese a la intervención de Naciones Unidas, la FGR apueste al tortuguismo ministerial, antes que girar órdenes de aprehensión.
“Nos dicen que siguen investigando, que ya van a detener a personas de la Fiscalía [estatal] y nada… no hay para cuando, no vemos nada claro”, concluye con un suspiro Leticia Pinzón.
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