La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) alertó de una modalidad de fraude dirigida, principalmente a adultos mayores, en la que utilizan nombres y cargos de personas servidoras públicas federales y de otras instituciones de gobiernos para engañar y extorsionar.
Por ello, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía a extremar precauciones ante diversos fraudes cometidos de esa manera.
El jueves 2 de julio, MILENIO dio a conocer el caso de cuatro personas de la tercera edad que fueron víctimas de un grupo de defraudadores que, además de hacerse pasar por abogados de un despacho jurídico, usaron el nombre y firma de funcionarios de alto nivel y servidores públicos de al menos cinco dependencias de gobierno federal y local y les robaron casi 2 millones de pesos.
¿Cómo prevenir fraudes?
Tras la publicación, la Secretaría explicó que la forma de actuar de las personas defraudadoras es presentarse con nombres de personas servidoras públicas de esta Secretaría y de otras dependencias federales para solicitar pagos por diversos conceptos.
Los supuestos pagos son para gestionar trámites, recuperación de fondos defraudadores, certificaciones jurídicas o evitar sanciones fiscales.
“Para dar apariencia de legitimidad, los defraudadores presentan documentos apócrifos con logotipos oficiales y perfiles falsos en redes sociales”, advirtió la SABG.
Por lo anterior, recomendó a la ciudadanía estar atenta y no proporcionar información personal, bancaria ni realizar depósitos o transferencias a personas que se presenten como servidoras públicas a través de llamadas telefónicas, WhatsApp, correo electrónico o redes sociales, solicitando pagos.
¿Qué hacer si eres víctima de un fraude?
Además, pidió que en caso de haber sido víctima o necesitar asesoría llamar al 552000-2000 y 800-1128-700.
“En la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno los servicios son gratuitos y cualquier persona que intente sorprender a la población incurriendo en conductas fraudulentas está cometiendo un delito”, advirtió.
El origen de la estafa: El gancho en el IMSS
La farsa criminal inició en octubre de 2025, cuando Jose Luis Rodríguez acudió a una consulta en la Clínica 10 de la Unidad Médica Familiar del IMSS en Xalapa, Veracruz, tras perder los dedos de su pie izquierdo por ser diabético.
A su salida fue abordado por una mujer que se identificó como la abogada Beatriz Dueñas Luna, quien le ofreció incrementar su pensión de 8 mil pesos mensuales hasta los 20 mil pesos.
Ese mismo modus operandi se repitió con otras 12 personas jubiladas que pagaron, cada una, entre 60 mil y 100 mil pesos. Sin embargo, en febrero de este año descubrieron que el despacho S&A Corresponsal Jurídico no existía y que habían sido defraudados.
El 22 de febrero, José Luis Ramírez acudió a la Fiscalía de Veracruz para levantar una denuncia por fraude contra el despacho y también realizó una denuncia anónima a la línea telefónica 089 para obtener mayor apoyo de las autoridades, pero lo único que obtuvo al día siguiente fue una comunicación vía WhatsApp desde la Ciudad de México que le cambiaría la vida.
“Recibo una llamada del licenciado Marco Antonio Hernández; me dice que es funcionario de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que recibió información de nuestra denuncia y que estaba a nuestras órdenes para realizar un proceso de congelar cuentas del despacho y recuperar la inversión del fraude.
"Me pidió que, si conocía a gente que había sido defraudada, le facilitara los teléfonos para contactarlos y hacer una denuncia grupal”, explicó José Luis.
El defraudador dijo ser el titular de la Unidad de Investigación en Delitos Fiscales y Financieros de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno; sin embargo, esa unidad pertenece a la Fiscalía General de la República, y Marco Antonio Hernández, efectivamente, trabaja en Buen Gobierno, pero en realidad es titular de la Unidad de Administración y Finanzas.
RM