En el estado de Guanajuato 7 de cada 10 extorsiones que se llevan a cabo, son de tipo telefónico y de acuerdo a información oficial de la unidad especializada en Combate a la Extorsión de la Fiscalía General del Estado ha detectado que en su mayoría son efectuados desde los centros penitenciarios de Santa Martha Acatitla en la CDMX y de Altamira en el estado de Tamaulipas.
Ejemplo de ello, es que durante 2023 el número de víctimas del delito de extorsión reportadas por la Fiscalía al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública fue de 988 de las cuales 692 fueron telefónicas en tanto 296 sufrieron el embate directo de los delincuentes.
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En entrevista, José de Jesús Quezada, Fiscal Especializado en Delitos de Alto Impacto explicó que la autoridad investigadora de la entidad forma parte del Grupo de Planeación Estratégica a nivel nacional, donde se generan mínimo tres mesas de trabajo por año, en las que se ha solicitado la cooperación de las autoridades de dichos estados con la finalidad de inhibir la acción delictiva desde sus centros penitenciarios.
José de Jesús Quezada
"Vienen desde otros estados de la República, este tipo de extorsiones son generalmente para nosotros un engaño porque van envolviendo a la víctima y van menguando la parte lógica del cerebro para que una vez atemorizados empiecen las exigencias económicas. Estas llamadas provienen en muchos de los casos, de centros penitenciarios, muchos de ellos provienen de Tamaulipas, la mayoría de estas llamadas”.
Es a través de redes sociales, donde las personas publican datos personales e información sensible de su día a día, que los extorsionadores obtienen la información que necesitan, para hacer creer a sus víctimas que los están vigilando. A través de amenazas y presión psicológica, los hacen depositar importantes sumas de dinero, sin que en muchos de los casos exista una amenaza real.
José de Jesús Quezada
"Hay una incidencia muy importante en lo que son las extorsiones telefónicas, que prácticamente son engaños telefónicos. Así lo denominamos nosotros por una cuestión práctica, porque no hay una amenaza real como tal, sino que por una línea telefónica el delincuente habla, pero por lo general no se encuentra en nuestro estado si no en otro. Incluso hemos detectado que muchas de esas llamadas provienen de un centro de reinserción social donde a través del miedo atemorizan a la persona y hacen que al delincuente le depositen cantidades importantes, aprovechándose del miedo en que hace caer a la persona”, agregó.
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Caen más de 100 extorsionadores
Esta unidad fue creada de manera formal en mayo del 2022, mediante un acuerdo institucional, conformada por agentes del ministerio público especializados y agentes de investigación criminal, analistas de información y peritos especializados.
La creación de esta área, surge de la necesidad de atacar un delito que en la entidad comenzó a crecer de manera silenciosa, preponderantemente en el sureste y en la región Laja-Bajío, donde el principal modus de extorsión es el cobro de piso a comerciantes, a cambio de dejarles trabajar.
La información recolectada por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, indica que los municipios donde predomina este tipo de actividad delictiva son; Celaya, Cortazar, Villagrán, Juventino Rosas, Apaseo el Alto y Apaseo el Grande.
De ahí que se trabaje de la mano, en algunos casos con las policías locales, pero sobre todo con los gremios afectados para poder obtener información y generar confianza para que estos presenten sus denuncias.
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Ejemplo de los resultados obtenidos es que tan solo durante el 2023 fueron detenidos 58 presuntos extorsionadores y desde su creación, la unidad acumula 107 extorsionadores capturados y procesados penalmente.
José de Jesús Quezada
"En el 2023 son 58 personas que se detuvieron por el delito de extorsión, las cuales se encuentran vinculados a proceso y otros más ya se encuentran sentenciados, todo esto lo hemos informado a través de las redes de comunicación de la Fiscalía”, agregó el fiscal especializado.
Tras la creación de esta Fiscalía el número de denuncias se ha incrementado considerablemente pues mientras en 2021 el número de casos reportados fue de 373, mientras que al año siguiente subió a 668 y en 2023 sumaron un total de 988 víctimas de extorsión.