Una juez federal amparó y, por ende, dejó sin efecto el auto de formal prisión dictado en 2005 contra una de las personas identificadas por la Procuraduría General de la República como integrantes de la banda de secuestradores más peligrosas que han operado en la Ciudad de México, debido a su crueldad contra sus víctimas.
Se trata de Fernando García Montante, quien junto a sus hermanos encabezaron la organización criminal denominada Los Montante, a la cual se les adjudican más de 28 secuestros, particularmente de comerciantes de la Central de Abasto y la Nueva Viga.
Dicha banda fue desarticulada por la entonces Agencia Federal de Investigación que encabezó Genaro García Luna.
De acuerdo con el expediente judicial, la juez federal resolvió dejar sin efecto y sin validez algunas pruebas presentadas por la PGR, hoy Fiscalía General de la República, porque el detenido no contó con un abogado, incurriendo de esa manera en una violación al debido proceso.
En la sentencia, la juzgadora ordenó al juez Décimo Octavo de Distrito de Procesos Penales con sede en la Ciudad de México, dejar sin efecto el auto de formal prisión del 26 de octubre de 2005 y dictar uno nuevo, sin tomar en cuenta las pruebas declaradas ilegales.
La resolución, que aún puede ser impugnada por la FGR, a través de un recurso de revisión ante un Tribunal Colegiado, ordena dejar sin validez los testimonios de aquellas personas que señalaron a Fernando García, cuando lo identificaron a través de la cámara Gessel, sin la asistencia de su abogado. Es decir, los señalamientos de las víctimas.
Los testimonios tienen que ver con secuestros cometidos el 3 de septiembre de 2003; 19 de mayo, 19 de julio y 17 de febrero del 2005, respectivamente.
El detenido se encuentra actualmente en el penal de Santa Martha Acatitla, mientras que su hermano Juan Carlos Montante fue enviado desde un principio al penal de máxima seguridad del Altiplano.
En la sentencia la juez señaló:
“…deben declararse fundados los conceptos de violación encaminados a combatir las diversas consideraciones expuestas por el juez responsable, respecto de los delitos de delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro. Lo anterior se sostiene, en razón de que se violó el derecho fundamental a la defensa adecuada durante la averiguación previa reconocido en el artículo 20, apartado A, fracción IX, constitucional, pues el agraviado no estuvo asistido de su defensor en la diligencia en que las víctimas lo identificaron como partícipe del hecho criminal…”
La juzgadora negó la protección de la justicia al quejoso, confirmando así el autor de formal prisión solo por lo que hacen al delito de portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, entre ellas, rifles de asalto, pistolas, y tres granadas de mano, que fueron localizadas en su domicilio tras su captura.
nerc