El fenómeno de las desapariciones forzadas es un conflicto que ha impactado de manera significativa a México y el estado de Baja California no es la excepción.
Hasta hace unos días, Baja California era una de las entidades que todavía no contaba con la aprobación de una ley estatal en materia de desaparición forzada.
Fue el pasado 31 de marzo que, con 22 votos a favor y una abstención se aprobó la ley en el Congreso de Baja California, sin embargo, colectivos afirman que algunas de las solicitudes que se hicieron, fueron retiradas de dicha propuesta.
¿Cómo fue el proceso para la aprobación de la ley?
A pesar de que en 2017 el Congreso de la Unión promulgó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada De Personas, en la cual daba 180 días para que cada entidad federativa homologara sus respectivas leyes locales, Baja California no lo hizo, pese a reiteradas demandas hacia las autoridades por parte de los colectivos de búsqueda.
Miembros del colectivo Siguiendo tus pasos que trabaja en dicha entidad, comentaron a MILENIO, que si bien se inició un proceso legislativo en marzo del 2023, el proyecto no había concluido y que la iniciativa final presentada por el gobierno no contenía los puntos básicos solicitados.
Bajo la legislatura de la entonces diputada Rocío Adame Muñoz, no logró establecerse el decreto. Los colectivos manifestaban que algunas de las propuestas no fueron añadidas, entre ellas la exigencia de presupuesto suficiente para garantizar el acceso a los mecanismos e instrumentos en los procesos de búsqueda e investigación.
"Lo que nos dicen es: 'Este es el dictamen que se va a mandar al Congreso, este va a ser el dictamen que se va a votar'. Ahí nos damos cuenta que no están las primeras observaciones que ya se habían incorporado. Entonces eso nos sorprende muchísimo, nos preocupa", comentó una de las integrantes de Siguiendo tus pasos.
El 1 de abril, a través de redes sociales, Elementa DDHH organización que -entre otras acciones- trabaja por la garantía de los derechos humanos, compartió un comunicado en el que dio a conocer la aprobación de la Ley de Desaparición y Búsqueda de Personas.
En dicho documento se hace mención del contexto en el que surge la aprobación, pues según datos de la Fiscalía General del Estado, "existen más de 17 mil carpetas abiertas por desaparición y más de 276 fosas clandestinas".
Sin embargo, también se expresa el lamento por los sustantivos que quedaron fuera del texto aprobado.
"Si bien reconocemos que esta ley representa un avance en la atención de la crisis que vive BC, varias de las propuestas hechas por las familias se quedaron en el tintero.", se menciona.
Así lo comunicaron en redes sociales
¿Qué demandas fueron retiradas?
Entre las peticiones que se hacían en esa ley estaban el eximio de pago de exhumaciones; la dotación del presupuesto necesario para las labores de búsqueda y la designación de un espacio público para preservar la memoria, así como la creación de células de búsqueda con grupos de reacción inmediata.
En Baja California, resulta limitante que las oficinas de la Comisión de Búsqueda estén ubicadas en Tijuana, pues en caso de que la desaparición ocurriera en cualquiera de los otros seis municipios, el despliegue de localización no sería inmediato.
Asimismo, se exigía claridad sobre la autoridad estatal responsable de la operación y actualización de los registros de víctimas.
La labor de Siguiendo tus pasos, colectivo en busca de presupuesto
El grupo bajacaliforniano, conformado por familias y madres buscadoras, se enfoca en la promoción y defensa de los derechos de las personas desaparecidas, así como en el acompañamiento de víctimas y familiares.
"...Porque el proceso de búsqueda es muy doloroso, es muy cansado, es muy frustrante, pero tratamos que sea un camino informado y acompañado", mencionó una integrante.
Aunque en algunos casos participan en las búsquedas en campo y búsquedas en vida, el colectivo es partidario de que esas labores le corresponden a las autoridades.
"No somos un colectivo que sale fundamentalmente a hacer búsqueda. Lo hacemos cuando logramos tener esa coordinación, de hecho, hemos sido convocantes de las brigadas estatales, pero no es una actividad. Hay colectivos que salen cada sábado o cada domingo a hacer búsqueda. Nosotras no, nos enfocamos más bien en hacer trabajo de promoción y defensa de los derechos de las personas desaparecidas para que sean reconocidos como sujetos de derecho", destacó.
Asimismo, colaboran en la revisión constante de carpetas de investigación con las autoridades por medio de mesas de trabajo para indagar en las acciones que se llevan a cabo, los avances y las líneas de investigación.
"Lo que encontramos en la mayoría de estas revisiones es que no hay avances, que no han hecho diligencias de búsqueda inmediata. Incluso ni cosas tan básicas como solicitar los datos conservados del teléfono celular de una víctima o analizar la red de contactos o buscar algún testigo", señaló.
En caso de que no existan avances, el colectivo firma una minuta en presencia de los organismos de defensa de derechos humanos para acordar una fecha de revisión del progreso y verificar que el caso esté siendo atendido.
Por otro lado, Siguiendo tus pasos mencionó que son las mismas familias integrantes quienes, a través de la donación de recursos económicos, logran financiar los gastos de las labores de búsqueda.
Sin embargo, con ventas, rifas, cooperaciones voluntarias y, últimamente, con el desarrollo de materiales gráficos y productos como stickers, separadores y postales, también se cubren los gastos de los trabajos.
"De pronto también hay donaciones de la gente de la ciudadanía que nos escribe '¿cómo me puedo sumar?' y nos llevan aguas. También hay gente que dice 'yo les dono el desayuno'.", comentó una colaboradora.
No obstante, consideran necesaria la creación de un fondo estatal que dote de presupuesto para el financiamiento de todo lo que conlleva la búsqueda de los desaparecidos.
¿Cómo se trabajará con la nueva ley?
En entrevista para MILENIO, Renata Demichelis Ávila, Directora para México de Elementa DDHH, mencionó que, desde dicho organismo se concibe la aprobación como un primer avance en el que es necesario continuar trabajando.
Hasta el momento, está pendiente la firma de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y posteriormente, la publicación en el Periódico Oficial del Estado. Con el cumplimiento de esos mecanismos, comenzará a correr un plazo de 120 días para la entrada en vigor.
Asimismo, destacó que por su parte, se mantendrán al tanto de la implementación de la ley y la manera en que se trabaje. No obstante, seguirán en pie de lucha para exigir que se incluyan las propuestas que se plantearon al inicio.
"Buscaremos hacer reformas en otras leyes, en otros instrumentos jurídicos que puedan venir a complementar y a fortalecer todo el tema de prevención y de atención al tema de la desaparición.", mencionó Demichelis.
Finalmente, el colectivo Siguiendo tus pasos hizo un llamado a la ciudadanía a evitar criminalizar a las personas desaparecidas y a sus familias. En tanto, pueden ayudar desde su trinchera a compartir los boletines de búsqueda para colaborar "hasta encontrarles".
ksh