Una jueza federal archivó el amparo que promovió el empresario José Alfredo Hernández Casillas, el contratista favorito de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, ya que hasta fines del mes de abril de este año, ninguna fiscalía del país solicitó a un juzgador girar una orden de aprehensión en su contra.
De acuerdo con el expediente al que tuvo acceso MILENIO, una jueza de Distrito sobreseyó la demanda de garantías, en la que Hernández Casillas solicitó la protección contra diversas órdenes de aprehensión y/o comparecencia, así como su ejecución. El amparo fue presentado el 9 de febrero y fue admitido a trámite dos días después.
El quejoso argumentó que los actos reclamados vulneraban sus derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución. En sus alegatos, el quejoso señaló a 12 autoridades como probables responsables de girar las órdenes de captura y a otras de ejecutarlas.
Por ejemplo, a un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en Almoloya de Juárez, adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. También a un juez federal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl.
Hernández Casillas busca protección
Además de los jueces federales especializados en el sistema acusatorio con sede en los reclusorios Oriente, Norte y Sur, así como seis jueces de Procesos Penales Federales, en la Ciudad de México.
Asimismo, demandó protección contra cualquier acción legal que pudiera emprender el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
Igualmente, el titular de la Policía Federal Ministerial, de la Fiscalía General de la República (FGR), Manuel de Jesús Gómez Rojas, o el comandante de la Guardia Nacional, el General de Estado Mayor Guillermo Briseño Lobera.
Por su parte, los jueces negaron los actos reclamados. Durante el periodo probatorio se admitieron las pruebas ofrecidas por el representante del comandante de la Guardia Nacional. En la etapa de alegatos, la secretaría también hizo lo mismo, al igual que la FGR.
La audiencia constitucional se celebró el 27 de abril de 2026 y posteriormente, la jueza emitió la sentencia de sobreseimiento, por no existir los actos reclamados.
AG