Artífices de fosa de Salvatierra tienen un pie fuera de prisión

La primera llamada que recibió la profesora María del Tránsito fue en marzo del 2020, unas horas después de que desapareciera su hija Lupita. Eran las 3:00 horas y en ese entonces, como hoy, concebía poco el sueño, así que no tardó en escuchar el repiqueteo del celular a pesar de la hora. Apenas contestó empezaron a hablar: “a su hija se la llevó el Grillo y el Chore”, le dijo una voz distorsionada que colgó antes de que pudiera hacer preguntas.

La profesora recibiría la segunda llamada, la definitiva, tres meses después. Eran las 16:00 horas de un día de junio y en su casa en Salvatierra, en Guanajuato estaba su otro hijo, Francisco Javier. Esta vez, una voz de mujer joven –timbre fuerte, tartamuda– le dijo:

“Se lo prometí a la maestra Lupita. Busque detrás de la Bachoco”, le soltó a María del Tránsito Piña. La voz al otro lado del teléfono al menos le permitió hacer una pregunta antes de colgar: “¿En dónde? ¿En Celaya?”. La mujer le respondió que no, que fuera a la fábrica de huevos a un costado de una aceitera y un rastro en Salvatierra, Guanajuato, en los márgenes del Río Lerma. “Busque y va hallar algo”, añadió y colgó.

María no había logrado procesar lo que la voz le dijo cuando volvió a llamar por teléfono y confirmó una última revelación: “A su hija se la llevó El Chore y El Grillo”. Otra vez los mismos nombres que Maria del Transito escuchó por primera vez un par de meses atrás.

Ella y su hijo Francisco Javier se preguntaron si sería verídica la llamada, y lo consultaron con su esposo, el profesor Javier Barajas. Lo que más les impactaba era la ubicación que les dieron: el predio estaba a sólo ocho cuadras de su casa en la colonia 15 de Mayo y también muy cerca del centro de la ciudad, donde fue vista por última vez su hija Lupita.

Lupita, de 34 años, era maestra como sus padres y fue desaparecida el 29 de febrero del año 2020. En la última llamada les dijo que pasaría al centro a comprar comida para llevarles de almorzar.

“Por Dios que es testigo que nunca me imaginé que hubiera eso [la fosa]. ¿Por qué? Porque estaba muy cerca de la civilización, desde las casas seguro vieron todo”, dice el profesor Barajas sobre la ubicación que les dieron en la llamada anónima.

Sería esa llamada la pista que María y Javier llevarían a la Comisión Nacional de Búsqueda y a la Fiscalía de Guanajuato. A mediados de 2020, la familia –incluido su hijo Francisco Javier, de entonces 27 años, abogado— cavó con pico y pala en el predio aledaño a Bachoco.

A finales de octubre de ese año, encontrarían la fosa más grande en la historia de Guanajuato: 80 cuerpos estaban enterrados bajo tierra, apilados uno tras otro, y ahí estaba su Lupita. El hallazgo dejaría en evidencia que las fosas del narcotráfico estaban entre las casas, a la vista de todos.

El Grillo y El Chore

César Enrique Pérez Alvarado, alias El Grillo, vecino de la familia Barajas Piña, junto a otras tres personas, entre ellas Socorro Alejandro Jaime Leyva, alias El Chore, habrían sido los responsables de la desaparición de Lupita. Según las investigaciones todos estarían ligados al Cártel de Santa Roma de Lima, una organización delictiva que opera en el Bajío mexicano.

Pero esa no sería la única atrocidad cometida contra la familia: ese mismo año y tras el hallazgo de la fosa, a Francisco Javier lo asesinaron otros sujetos vinculados con la desaparición de su hermana.

Pese al cúmulo de evidencias, el 21 de agosto, una jueza del Juzgado de Oralidad del municipio de Acámbaro, Guanajuato, dictó sentencia absolutoria a favor de las cuatro personas acusadas por la desaparición de Guadalupe Barajas Piña. Ordenó la inmediata libertad de los inculpados en el primer caso judicializado por la fosa de Salvatierra.

A cuatro años del hallazgo de la fosa clandestina de Salvatierra, los abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes acompañan a Javier y María, han revelado que en las próximas semanas un magistrado deberá resolver la apelación que interpusieron para evitar que El Grillo, El Chore y otros dos involucrados salgan de prisión.

Podría marcar un precedente en las fosas clandestinas en México, si la corrupción o el miedo no se apoderan de esa fracción del Poder Judicial.

Una fosa en medio de las casas

Antes de encontrar a su hija, el señor Javier también recibió lo que creyó era una pista. Un hombre le envió desde León, la capital del estado, el video de una joven edecán que promocionaba cascos de motos. Era igualita a su hija Lupita.

“La pareja de mi hija nos manda una foto de una chica (...) entonces yo le hablo a Francisco Javier y le digo ‘oye, está viva Lupita y está promocionando esto’, y dice ‘no, Papá, no es’, y yo me enojaba”, recuerda el profesor. Se rehusaba a creer que su hija pudiera estar en la fosa de Salvatierra, a unas cuadras de su casa.

Cuando finalmente las autoridades comenzaron a sacar los primeros restos de la fosa, don Javier ayudó a cavar y sacar la tierra con sus propias manos, pero en el fondo conservaba la esperanza de que Lupita no estaría ahí.

“No porque hubiera desaparecido tenía que estar ahí ¿no? Yo la buscaba en vida, pero a lo mejor la sacamos nosotros y no sabíamos”, me dice Javier Barajas una tarde de noviembre en una oficina en el centro de la Ciudad de México.

Recuerda que en la fosa se encontraron cuerpos ya en descomposición, excepto dos que aún podían reconocerse: el de un licenciado llamado Gabino y otro de un amigo de este. También que los cuerpos estaban formados perversa y meticulosamente uno tras otro, para que cupieran muchos. Y alcanzó a reconocer que tenían tiros en la cabeza y en la nuca.

“Inclusive hasta animalitos encontramos con sus dueños, porque ya ve que los perritos buscan a su dueño, así que los enterraron con ellos. Fue horrible, yo estuve en esas fosas y vi mucha maldad, muy sanguinario”, dice.

Mientras ellos cavaban sin saber aún que su hija estaba ahí, la Fiscalía de Guanajuato les decía que Lupita seguro se había ido con alguien. Los funcionarios querían que los señores Barajas Piña aceptaran que la profesora se había ido por su propia voluntad.

El 22 de octubre sacaron el último cuerpo de la fosa de Salvatierra. El corte oficial fue de 80 cuerpos en un espacio de 600 metros cuadrados. Un terreno a espaldas del rastro municipal conocido como Rancho Nuevo, que al estar en la ribera del río Lerma conserva viejos árboles, matorrales y pasto. Alguna vez se pensó ese predio para erigir un fraccionamiento, por lo que se distingue incluso una calle empedrada cercana.

Ahí, durante cuatro meses más, los señores siguieron buscando en cada fosa, en cada predio para encontrar a su hija. Así fue hasta febrero de 2021, cuando la Fiscalía los mandó llamar a Celaya y les soltó, sin más, que había un 99 por ciento de posibilidad de haber encontrado a Lupita en la fosa de Salvatierra.

“Nos la entregaron, le dimos sepultura. Al día siguiente me fui de búsqueda y me acuerdo que otra madre me dice ‘oiga, profe, ¿Por qué anda aquí, si acaba de sepultar a su hija?’ Y le digo ‘precisamente porque yo tengo mucho dolor, pero ya no tengo angustia, ni la desesperación que tú tienes, así que vengo ayudarte a buscar’”.

Por ese entonces, su hijo Francisco Javier Barajas Piña se había incorporado a la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato. Por esos días, había 300 personas desaparecidas. Aún lo están.

La última búsqueda

La última búsqueda de Francisco Javier fue en San José de las Maravillas, donde hallaron una fosa clandestina con 28 cuerpos. Javier y María, a la distancia, creen que ya había pistas de que su hijo sería asesinado. Ese día les dejaron, con piedritas en la tierra, siluetas de figuras de martillos. Marros, símbolos asociados en la región con José Antonio Yépez Ortiz, El Marro, quien fue el líder del cártel de Santa Rosa de Lima.

“Pero Javi decía que no iban a dejar a nadie bajo la tierra (...), decía que teníamos que encontrar a todos en Salvatierra”, recuerda Javier Barajas.

El 29 de mayo de 2021, uno de sus cuñados fue hasta la casa de los señores Barajas Piña y le pidió que si le invitaba un café. Don Javier sabía que no era normal, que algo había pasado. Eran las 22:00 horas.

Le dijo “chingada madre” a modo de lamento. La señora María le preguntó si había sido un accidente. Eso quería creer.

“Cuando nos dijeron que no, pues ya fuimos al lugar, y efectivamente ahí estaba asesinado mi hijo”, dice el señor Barajas. “Yo no creía en tanta maldad y ahora creo que seguramente siempre nos tuvieron vigilados porque no dejamos ni un segundo de buscar a mi hija y ese era el coraje, pero yo no medía. No perdonaron que mi hijo hubiera encontrado la fosa, que hubiéramos insistido tanto”, dice María.

​Testigos que desaparecen

En mayo de 2023 inició el juicio oral en contra de tres personas ligadas al cártel de Santa Rosa de Lima. Uno de ellos coincide con ser acusado también por la desaparición de Lupita. Es probable que los dos hermanos fueron asesinados por las mismas personas.

Sin embargo, un tribunal de Salvatierra dictó una sentencia absolutoria ya que uno de los testigos que testificó en un primer momento del proceso estaba desaparecido, por lo que el juez consideró que había insuficiencia probatoria.

Ivette Estefanía Galván, abogada del Centro Pro, explica que el Ministerio Público argumentó que ya había dejado un testimonio escrito. Finalmente, la Quinta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato emitió una primera sentencia que determinó que sí había un vínculo entre las personas acusadas y la desaparición de este testigo. Actualmente siguen en prisión los acusados por el asesinato de Francisco Javier.

Sin embargo, el caso que pende de un hilo es el de su hermana Lupita, donde incluso uno de los imputados también lo está en el caso de Javier. Además que la representación legal de los acusados de ambos casos pertenecen al mismo despacho de abogados.

En agosto de este año, tras un mes de audiencias, la Jueza Unitaria del Tribunal del Juicio Oral del Juzgado de Oralidad del municipio de Acámbaro dictó sentencia absolutoria a favor de las cuatro personas acusadas por la desaparición de Guadalupe Barajas Piña, y se ordenó la inmediata libertad de los inculpados.

La razón fue que uno de los testigos, un vecino que alcanzó a ver desde su ventana quiénes secuestraron a Lupita. Fue él quien declaró que formaban parte del Cártel de Santa Rosa de Lima. Ese día también estaban la madre y la hija del testigo.

El Centro Pro ha tenido acceso a información que revela que cuando los integrantes de la organización se dieron cuenta que había testigos que los vieron, regresaron a amenazar de muerte a los familiares.

“Esto es revelador porque estamos hablando de qué condiciones se generan en el país para que la gente pueda declarar”, dice César Contreras, litigante del Centro de Derechos Humanos.

Al ser el único testigo presencial de los hechos, era responsabilidad de la Fiscalía cuidarlo, protegerlo durante todo el proceso y vigilar que su testimonio fuera preservado. “Ya había preocupaciones desde antes del juicio que nos había transmitido la Fiscalía sin que pudieran ofrecer alguna forma de garantizar su seguridad y su testimonio”.

Paradójicamente, durante el desarrollo del proceso judicial los testigos llegaron acompañados de la defensa de los narcotraficantes. Además, desistieron de sus primeras declaraciones al asegurar que “esa no es mi declaración, a pesar de que está mi firma en la última página, esa no es mi declaración, no la reconozco”.

Para probar esa coacción, el Ministerio Público ofreció las cámaras de seguridad, pero resulta que no funcionaban en ese momento.

“Entonces no hubo prueba para demostrar que había una coalición entre la defensa y los testigos por amenazas, por dinero, por lo que fuera, y el juicio se cae y los absuelve”, dice César Contreras.

Los profesores presentaron inmediatamente la apelación 127/2024 y, según los abogados del Centro Pro, el juez debe resolver antes de que termine el año. Los defensores de derechos humanos consideran que se debe tomar en consideración la declaración original de los testigos y el conjunto de otras pruebas que existen, suficientes para poder determinar la responsabilidad penal de estas cuatro personas a causa de la desaparición y el homicidio de Guadalupe. Si así ocurriera, tendrían que dictarles sentencias condenatorias.

“Son gente que se ríe, que se quiere burlar, sus licenciados ni se diga. Haga de cuenta que se juntan y son igualitos”, es el recuerdo de María.

Los papás de Guadalupe consideran que la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Guanajuato incurrirá en impunidad si el magistrado Eduardo Breceda Cueva desestima la apelación 127/2024.

Hoy los familiares de las personas que fueron encontradas en Salvatierra quieren un memorial donde se dignifique a sus hijos. Pero, sobre todo, que ese espacio deje de ser utilizado como lugar de tortura, pues el profesor Javier dice que después de que encontraron la fosa descubrieron casquillos percutidos.

Ello revela que ese predio aún es usado como campo de exterminio.