A una semana del secuestro y asesinato de Aranza Ramos, quien buscaba a su esposo desaparecido desde el 6 de diciembre de 2020, Sonora, autoridades estales y ministeriales se reunieron con diversos colectivos de mujeres buscadoras para redefinir protocolos que les garanticen seguridad en su lucha. Aunque no se les prohibió continuar con su cruzada, sí se les pidió frenar las búsquedas en los municipios de Cajeme y Guaymas.
Entre los compromisos asumidos por el gobierno del estado, la Fiscalía de Sonora y representantes del gobierno federal ante 11 colectivos -según la información difundida por autoridades ministeriales- se acordó brindar protección y seguridad, “en forma diferenciada, de acuerdo a las necesidades y recursos”.
Además, se puso a su disposición un Botón de Enlace Ciudadano, la aplicación móvil Mujeres Seguras, el número de Denuncia Anónima 089, y se les ofreció atención psicológica, atención en crisis, terapia individual y grupal, así como asesoría legal para quienes lo requieran.
En contraparte, las autoridades solicitaron a los colectivos notificar a la Fiscalía de Sonora de las salidas con al menos tres días de anticipación, para que eventualmente puedan ser asistidas por cuerpos policiales y no tomar fotografías de los hallazgos, ni publicar imágenes de cuerpos o restos.
En caso de recibir amenazas, se les instó a presentar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), “ya que en muchas de las ocasiones las hacen únicamente a través de redes sociales y medios de comunicación”.
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Sobre el caso en particular de Aranza, no se brindaron detalles; sin embargo, se hizo un compromiso para que se haga justicia en el asesinato calificado como un “cobarde crimen”.
Cecilia Flores, del colectivo Buscadoras por La Paz en Hermosillo y quien fue amenazada de muerte, confirmó a MILENIO lo dicho en el encuentro privado con las autoridades y dijo sentirse más tranquila, pues sí hubo un compromiso para garantizarles seguridad al grupo, darle seguimiento a los casos de las personas desaparecidas y agilizar la identificación de restos; mientras que los colectivos se comprometieron a “no meternos más allá de donde no podemos”.
Explicó que las búsquedas solamente fueron pospuestas en los municipios de Cajeme y Guaymas, “al menos durante un mes, mes y medio”. Sin embargo, podrán continuar con su labor de búsqueda en el resto de la entidad.
“Tenemos que trabajar en coordinación, tenemos una responsabilidad, pero también tenemos que ser conscientes y evitar meternos más allá de dónde no podemos. Sé que esto no nos corresponde, porque no es nuestra obligación andar buscando nuestros seres queridos, pero lo hacemos con amor y en este caso acordamos que vamos a trabajar en conjunto, en armonía de que íbamos a trabajar entre todos”, dijo en entrevista.
Sinthya Gutiérrez, integrante de Guerreras buscadoras de Sonora y quien también participó en el encuentro, dijo que para garantizarles seguridad, una vez que se notifique el lugar de la búsqueda “van a ver qué tan arriesgado es, y si es que les permite ingresar”, y en lo personal, agregó, “nos van a dar cursos para manejar un botón del pánico en el celular”.
En la Mesa de Coordinación Para la Paz y Seguridad habría participado el secretario de Gobierno de Sonora, Juan Ángel Castillo; el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, José David Anaya; la fiscal general del Estado, Claudia Indira Contreras Córdova; José Luis González Olivarría, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas para Sonora, y Karla Quintana, de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación, además de representantes del Ejército, de la Marina y de la Guardia Nacional.
Por parte de los colectivos asistieron integrantes de Guerreras Buscadoras de Guaymas, Empalme, y Cajeme; Buscadoras por La Paz de Hermosillo, Empalme, Guaymas y Huatabampo; Rastreadoras de Ciudad Obregón; Madres Buscadoras de Sonora; Familias Recuperando Tesoros de Puerto Peñasco, y Buscadoras de Hermosillo por una Esperanza.