A lo largo de 2025, 15 mil 180 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito en México, según consta en los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Aunque dicha cifra fue menor a las casi 16 mil defunciones que se registraron en promedio cada año entre 2011 y 2024, los datos muestran que los siniestros viales prevalecen como uno de los mayores problemas en materia de salud pública del país.
Para Eduardo Gómez, abogado de la asociación civil Compensa a Víctimas, la tragedia de los accidentes viales no se limita a las lesiones o fallecimientos que provocan, sino que se extiende, en ocasiones de forma indefinida, debido a los obstáculos para que las víctimas directas e indirectas tengan acceso a una reparación integral del daño.
En entrevista con MILENIO, el litigante con más de 30 años de experiencia en la materia advirtió que una de las mayores dificultades se deriva de la ausencia de un marco legal homologado.
Disparidad legal y criterios confusos: el obstáculo para una indemnización justa
Durante el tiempo que Compensa a Víctimas ha acompañado a las personas afectadas directa o indirectamente por incidentes de tránsito, una de las principales preocupaciones se desprende del hecho de que la ley no es completamente homogénea en cuanto a los conceptos de reparación.
"Se habla de daños, que pueden ser materiales o inmateriales, pero también se habla de perjuicios. Se utilizan diferentes vocablos, a menudo perjuicio o ubican como lucro cesante, entonces no se puede distinguir si son sinónimos o conceptos diferentes", mencionó Eduardo Gómez.
Respecto a los daños materiales, el jurista lamentó la falta de una clasificación en la ley que esclarezca lo que debe entenderse por dicho concepto, lo cual "deja todo a interpretaciones".
En abril de 2026, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció como criterio obligatorio que la indemnización en casos de responsabilidad civil por muerte debe calcularse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
Aunque la resolución pretende fijar un criterio homogéneo para cuantificar las indemnizaciones, Eduardo Gómez consideró esta determinación como "un absurdo", pues la UMA no fue diseñada para establecer los ingresos que recibía una persona al momento de fallecer.
Aunado a lo anterior, el abogado de Compensar a Víctimas A.C. refirió que en ocasiones las autoridades confunden los términos de salario y salario mínimo al fijar compensaciones con criterios como los que establece la Ley Federal del Trabajo.
Si a esto se suma la elevada tasa de informalidad laboral que persiste en México —calculada en 55 por ciento, según datos del Inegi—, la reparación del daño suele depender, con frecuencia, de la interpretación de autoridades judiciales.
"Una lesión de gravedad difícilmente se puede cuantificar. Muy frecuentemente las autoridades judiciales y ministeriales minimizan este hecho y piensan que 100 mil pesos es demasiado para darle a una persona que perdió una extremidad. La verdad es que los daños que produce una lesión de gravedad muchas veces son irreparables", compartió el abogado a MILENIO.
La desprotección vehicular y la vulnerabilidad de las familias
Estimaciones de la asociación civil señalan que sólo tres de cada 10 de los vehículos que circulan en México cuentan con una póliza de seguro. Las cifras actualizadas hasta 2021 por la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) posicionaban el índice de autos asegurados en un 36 por ciento del parque vehicular total.
Aunque la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece la obligatoriedad de contar con un seguro, el nivel de incumplimiento se mantiene elevado.
"Tenemos que incentivar el uso de seguro obligatorio, porque los que quedan desamparados son los transeúntes y la sociedad en general. ¿Cómo confronta la situación una persona que se ve dañada por un vehículo que no tiene seguro? Pues con el favor de Dios, porque no hay otra manera", lamentó Eduardo Gómez.
"En los casos en los que no hay una aseguradora, las víctimas tienen que soportar las penas que trae el siniestro, porque no va a haber un pago de reparación del daño. Y aunque un pago no pueda devolverle la vida o la salud a nadie, una indemnización puede, al menos, ayudar a mitigar materialmente los daños causados", añadió.
Adicionalmente, el abogado aseguró que el rezago en muchos tribunales de las 32 entidades, así como la "indolencia" de algunas autoridades encargadas de impartir justicia, engrosan la
lista de obstáculos para compensar a las víctimas.
Asociación busca presentar iniciativa en el Congreso
A raíz de este panorama, la asociación Compensa a Víctimas tiene entre sus proyectos prioritarios la presentación de una iniciativa en 2027 ante el Congreso de la Unión que atenúe las barreras que dificultan el acceso a la reparación del daño.
Según explicó Eduardo Gómez a MILENIO, la preparación de la propuesta avanzará de forma paralela a la búsqueda de acuerdos interinstitucionales con las fiscalías de las 32 entidades del país.
"Quienes deberían defender a las víctimas en materia penal son los asesores jurídicos, pero nunca se dan abasto por la carga de trabajo que tienen", advirtió Gómez Chávez.
En vista de lo anterior, Compensa a Víctimas planea acercarse a las fiscalías y tribunales para ofrecer el apoyo de su red de abogados con el objetivo de cubrir los asuntos pendientes y, con ello, evitar un mayor rezago que perjudique a las víctimas.
BM.