El sacerdote José Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, sostuvo que el ataque armado que sufrió en la madrugada del miércoles, podría ser una represalia de la ayuda humanitaria que llevó a los desplazados del Nuevo Caracol, pueblo afectado por la violencia en la parte alta de la Sierra de Guerrero.
Indicó que la Sierra actualmente es disputada por dos grupos de la delincuencia organizada; Los Tlacos y la Familia Michoacana.
En Nuevo Caracol, municipio de Heliodoro Castillo, los habitantes llevaban meses denunciando ataques armados y el uso de bombas caseras que les lanzaban con drones.
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Indicó que los caminos habían sido bloqueados por los grupos delictivos, para evitar el paso de las autoridades.
El padre, defensor y activista denunció en varias ocasiones lo que sucedía en el Nuevo Caracol, así como la omisión de las autoridades para atender la situación.
Velázquez Florencio respondió a cuestionamientos de los medios de comunicación en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Ahí atribuyó el atentado a su labor que realiza, sin embargo, recalcó que no podía atribuirlo directamente a algún grupo criminal, ya que en la entidad operan varias organizaciones delictivas y todas se ven afectadas por la defensa de las víctimas.
Dijo además, que su activismo ha incomodado al gobierno local, pues ha denunciado diversos enfrentamientos y ataques en contra de los pueblos, señalando que las autoridades no llegan.
También mencionó que el Centro Minerva Bello ha dado acompañamiento a víctimas de desplazamientos y familiares de personas desaparecidas.
Recrimina, que la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) se haya negado a brindar acompañamiento a la caravana que llevó ayuda humanitaria para comunidades de Heliodoro Castillo.
“No he recibido amenazas directamente, pero sí sabemos que mi labor incómoda, especialmente cuando hicimos estas visitas a las comunidades de Heliodoro Castillo, no puedo especificar qué grupo no sabemos qué intereses estamos trastocando”, enfatizó.
Señaló que la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos Salmerón, cortó la comunicación con él desde el mes de abril, ya que le solicitó en varias ocasiones resguardo, pero la respuesta fue que no podía cuidarlo solo a él, incluso le sugirió salir del país.
El defensor de los derechos humanos descartó que vaya a tomar esa opción, advirtió que no va a claudicar, aunque el mecanismo federal de protección a defensores de los derechos humanos y periodistas, así como la comisión estatal de protección a defensores de derechos humanos se lo están sugiriendo.
Aseguró que tomar ese camino sería un acto de cobardía ante la situación de violencia y desplazamiento forzado que viven las familias guerrerenses.
“Voy a continuar con mi labor pase lo que pase el estado hay muchos casos de violencia, nuestro testimonio es de no claudicar sobre todo en esta lucha de promover la paz sería un ejemplo de cobardía, abandonar hay muchas personas que no pueden salir de sus casas, como un acto de solidaridad con aquellos que han sido afectados por la violencia y ojalá las autoridades hagan su trabajo”, puntualizó.
RM