Ernesto Canales Santos, ex fiscal anticorrupción de Nuevo León, deberá presentarse el jueves ante un juez del fuero común de la Ciudad de México, quien resolverá si se ordena su aprehensión por el presunto delito de administración fraudulenta.
El asunto está relacionado con el caso donde fue denunciado por Paula Cusi Presa Matute, quien lo señaló de haberse quedado de manera ilegal con 6.6 millones de dólares cuando era su abogado.
El caso se dirime desde hace varios años, pero debido a recursos legales interpuestos por ambas partes, el asunto no ha logrado ser definido.
Hace un par de meses, Paula Cusi obtuvo un amparo, sentencia que dejó abierta la posibilidad de que Ernesto Canales pueda ser procesado.
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal ratificó un amparo otorgado a la mujer, mismo que ordenó dejar sin efecto la resolución dictada por la Novena Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, la cual determinó que no había elementos para procesar a Canales Santos.
El Tribunal Colegiado ordenó que se dicte una nueva determinación, de manera fundada y motivada, y con plenitud jurisdicción, para resolver si hay o no elementos para llevar a proceso al ex funcionario. Por ello, el juzgado penal citó a la audiencia de este 25 de mayo.
Paula Cusi alegó en su demanda de garantías que la jueza Cuadragésimo Noveno del TSJ de la Ciudad de México realizó una incorrecta valoración de pruebas, al determinar que no había elementos para procesar al ex funcionario, resolución que después fue confirmada por la Sala Penal.
Después de semanas de estar ilocalizable, el ex fiscal fue notificado a principios de este mes para la diligencia que definirá su futuro legal.
Por su parte, un juzgado federal celebró la última audiencia en el litigio que promovió Paula Cusi contra una determinación de una Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
El pasado lunes, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el juzgado 12 de Distrito de Amparo en Materia Penal, sin la asistencia personal de las partes. Durante la diligencia se cerró el periodo probatorio de alegatos y las partes no realizaron manifestaciones ni el Ministerio Público, revela una notificación judicial.
En los próximos días, el juzgado deberá emitir una sentencia, en el sentido de si concede o niega el amparo a la quejosa
EHR