A ocho años del secuestro y desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, 120 de los 157 presuntos delincuentes que tuvieron algún grado de participación han sido liberados, entre ellos, los ejecutores del crimen, caso que ha llevado al gobierno federal a criticar y a denunciar a un juez de Distrito, en momentos que la Fiscalía General de la República (FGR) está fracturada y donde su principal carta es un testigo acusado en el sexenio pasado de ordenar la muerte de los estudiantes.
En la gestión de Enrique Peña Nieto la principal hipótesis fue que el grupo criminal Guerreros Unidos, con la complicidad de policías municipales levantó, secuestró, asesinó y calcinó a los estudiantes en el basurero municipal de Cocula, Guerrero.
Sin embargo, la presente administración asegura que los normalistas pudieron haber sido asesinados en Iguala y sus restos trasladados a otras comunidades, y que en estos hechos participó el Ejército.
Asimismo, se conoció por fuentes federales que, por órdenes del titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, se judicializó y consignó recientemente ante jueces, carpetas de investigación y expedientes, acción que se realizó a espaldas del titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, cuando él y su equipo se encontraban en Israel y Panamá.
Ante esta situación, la mencionada unidad se desistió de más de una veintena de órdenes de captura solicitadas por tratarse de casos que se estaban integrando.
Entre las personas que se llevaron a la justicia sin el consentimiento de Gómez Trejo, está la del ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien fue vinculado a proceso por un juez de control por su probable responsabilidad en los delitos de tortura, desaparición forzada de personas y contra la administración de la justicia.
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Por su parte, Enrique Beltrán Santes, juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, dictó un nuevo auto de formal prisión contra el ex alcalde Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, por el supuesto delito de delincuencia organizada; al ex secretario de Seguridad Pública de dicho municipio, Felipe Flores Velázquez, fue por delincuencia organizada y por desaparición forzada.
Lo mismo pasó con el General Brigadier José Rodríguez Pérez, ex comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, señalado por delincuencia organizada; en tanto que, el capitán José Martínez Crespo, el sargento Eduardo Mota Esquivel y el subteniente Fabián
Alejandro Pirita, enfrentan cargos por delincuencia organizada y desaparición forzada. A esto se suma que, en el presente mes, el juez Tercero de Distrito con sede en Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos, exoneró a 44 personas señaladas por el secuestro de los estudiantes, por no existir pruebas, entre ellos, Abarca Velázquez y Felipe Flores.
El gobierno federal criticó los fallos del juzgador y lo denunció en la FGR, y presentó una queja en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), pese a que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, recordó que se trata de un caso viciado y donde los implicados fueron torturados.
El testigo colaborador “Juan”, quien en realidad Gildardo López Astudillo, El Gil, ex jefe de sicarios de Guerreros Unidos, es quien que ha aportado información en esta nueva etapa de la investigación, personaje que fue señalado en el sexenio pasado de ordenar la muerte de los normalistas.
A partir de 2018, fueron liberados varios de los sicarios de Guerreros Unidos, como El Gil. También, Patricio Reyes Landa, El Pato, señalado como ejecutor de los jóvenes.
De igual manera, Salvador Reza Jacobo, El Wereke; Jonathan Osorio Cortés, El Jona; Darío Morales Sánchez; Agustín García Reyes; Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, y Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo.
Por falta de elementos, también se ordenó la libertad bajo reservas de ley de Marco Antonio Ríos Berber, El Cuasi y/o La Pompi, quien según la investigación de la PGR compró el diésel que se utilizó para incinerar los cuerpos de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre de 2014.
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