La mayoría de los 31 funcionarios que fraguaron la “verdad histórica” están fuera del radar de la justicia por su participación en el encubrimiento de la tragedia de Ayotzinapa.
A 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes, solo unos pocos se encuentran actualmente en prisión y de los altos cargos, nadie está en la cárcel: uno está prófugo, otros en libertad condicional y muchos más, ni siquiera son investigados.
Además de las indagaciones sobre la desaparición de los normalistas, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) estableció una línea de trabajo sobre la planificación del montaje a partir de lo que llamó “juntas de autoridades”.
Una de estas reuniones se llevó a cabo en octubre de 2014, en la residencia oficial de Los Pinos, con nueve participantes encabezados por el presidente Enrique Peña Nieto, y con participación de los secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y de Gobernación, del procurador general Jesús Murillo Karam y de Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal.
Dos juntas ocurrieron en el cuartel del 27º Batallón de Infantería en Iguala, con 23 asistentes dirigidos por Zerón de Lucio; por el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre; y por los generales Martín Cordero Luqueño, comandante de la 9º Región Militar, y Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la 35ª Zona Militar.
El propio Zerón de Lucio declaró por escrito a la CoVAJ que, en reuniones del gabinete de seguridad, Peña Nieto y los secretarios “tomaron la decisión y me instruyeron” para difundir la falsa versión de los hechos.
El corto brazo de la justicia
A pesar de que las madres y los padres de los desaparecidos exigen que se procese a quienes planearon y ejecutaron el montaje, empezando por el ex presidente Peña Nieto, de los 31 funcionarios involucrados, sólo seis están o estuvieron sujetos a proceso judicial.
De ellos, apenas dos permanecen en la cárcel: el titular de la Unidad Antisecuestros, Gualberto Ramírez, detenido el 25 de junio por tortura, desaparición forzada, falsificación de documentos y asociación delictuosa; y Leonardo Octavio Vázquez Pérez, secretario de Seguridad Pública de Guerrero, por desaparición forzada y delincuencia organizada.
En cambio, Zerón de Lucio, con las mismas acusaciones, está prófugo en Israel, sin que se haya anunciado avances en su extradición a México; el procurador general Jesús Murillo Karam sigue su juicio en su residencia en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México, desde el 4 de abril de 2024, y el director de la Policía Federal Ministerial, Carlos Gómez Arrieta, obtuvo la libertad provisional el 29 de mayo de 2022.
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El fiscal estatal Iñaki Blanco se vio súbitamente fuera de peligro, en un extraño movimiento en el que 21 órdenes de aprehensión fueron canceladas en agosto de 2022, sin explicación, y solo 17 fueron reactivadas en junio de 2023, igualmente sin que se diera a conocer la justificación, ni razones de porqué cuatro –la de Blanco entre ellas– permanecen anuladas.
Generales en libertad condicional
En cuanto a los presuntos responsables de los ataques, a los procesados de mayor rango (que solo fueron acusados por delincuencia organizada, a diferencia de los demás militares, a quienes también se les presentaron cargos por desaparición forzada), los generales José Rodríguez Pérez, entonces comandante del 27º Batallón, y Rafael Hernández Nieto, del 41er Batallón, les fue concedida la libertad condicional el 9 de julio de 2024 y el 22 de noviembre de 2023, respectivamente.
Ocho militares más obtuvieron la misma condición el 9 de mayo de 2024; no se ha reportado el cumplimiento de órdenes de aprehensión contra otros ocho; y solo tres permanecen en la cárcel, por desaparición forzada y delincuencia organizada: el capitán José Martínez Crespo y el subteniente Alejandro Pirita, ambos de la unidad que patrulló Iguala tras los tiroteos; y el sargento Eduardo Mota, quien como órgano de búsqueda de información (OBI) vigiló y reportó los hechos.
Entre los ejecutores del montaje actualmente bajo proceso, la agente del Ministerio Público Federal, Blanca Alicia Bernal Castilla, acusada de tortura y delitos contra la administración de la justicia, también recibió el beneficio de libertad condicional, mientras que Ignacio Mendoza Gandaria, director de Operaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), con los mismos cargos más los de intervención de comunicaciones sin autorización judicial y coalición de servidores públicos, se mantiene fuera del alcance de la justicia, protegido, según denunció el GIEI, por el actual Centro Nacional de Información.
Actualmente están en prisión 41 presuntos integrantes de Guerreros Unidos, tres policías federales ministeriales, siete policías estatales de Guerrero, 45 policías municipales de Iguala, nueve de Huitzuco y dos de Cocula.
EHR