Eran las 6:40 de la mañana del domingo 27 de mayo cuando la lluvia de plomo tapizó las calles del centro de Parácuaro. El enfrentamiento entre dos grupos criminales antagónicos paralizó las actividades en ese municipio de la Tierra Caliente de Michoacán, incluidas las campañas proselitistas.
Desde la noche anterior la alerta estaba presente entre los vecinos. La presencia de personas armadas los había puesto bajo advertencia y así sucedió. Nadie salió el domingo y solo el Ejército patrulló las calles. No hubo muertos, pero casquillos en el pavimento y agujeros en algunos vehículos fueron la evidencia.
Han pasado dos semanas y las actividades de campaña son mínimas desde todos los frentes. Parácuaro está bajo asedio en la pelea por la plaza y las balaceras no respetan horarios.
No hace falta un protocolo de seguridad dictado por las autoridades electorales y tampoco lo hay, por eso los candidatos en todas las regiones del estado saben que si hay violencia, las actividades proselitistas se suspenden.
Genaro Guízar y Fanny Arreola son candidatos en la Tierra Caliente, él busca, de nuevo, ser alcalde de Apatzingán; ella, diputada local por el distrito 22, que abarca municipios como Múgica, Parácuaro, Arteaga, Churumuco, La Huacana y Tumbiscatío. Ninguno solicitó seguridad aunque recorren lugares de alto riesgo.
“No hay un protocolo que estemos siguiendo, sin embargo determinamos que en los lugares donde haya un incidente en particular ese día se cancelan nuestras actividades; en realidad estamos a expensas de cualquier situación, pero tratamos de ser muy precavidos”, señala en entrevista la aspirante por la coalición Por México al Frente.
En el mismo tenor está Guízar, candidato a Apatzingán, el corazón de la Tierra Caliente y epicentro de la peor época de violencia en Michoacán. “Yo creo que si traigo a la policía conmigo corro más riesgo. Esa no es una campaña, mejor no hago campaña, prefiero jugármela... me puede pasar algo hasta en la parte más segura, hasta en Estados Unidos, donde viví 40 años”, comenta.
El presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ramón Hernández, sostiene que “cada uno de los partidos, y nosotros como autoridad y como michoacanos, conocemos las características y los escenarios que presentan cada una de las zonas del estado; hay lugares donde se han tomado medidas de prevención para el efecto de las horas de trabajo, ello no significa que se toman porque haya un problema real y latente en el tema de seguridad, significa que son medidas preventivas”.
El secretario de Gobierno, Pascual Sigala, destaca que aunque la violencia en el estado se ha reducido en los últimos dos años y el proceso electoral está garantizado, “no estamos exentos” de algún incidente que pudiera enturbiarlo y candidatos y partidos están en libertad de tomar decisiones para reforzar sus propios mecanismos de seguridad.
“En este proceso electoral la seguridad ha cambiado diametralmente en Michoacán. No lo hemos resuelto de tajo, pero estamos trabajando y vamos avanzando de manera muy conveniente, tanto que las campañas se llevan de manera normal”, asegura.
En Michoacán fue asesinada una precandidata: Maribel Barajas del Partido Verde, apenas un mes antes de arrancar la contienda. Además, una aspirante a presidenta del municipio de Álvaro Obregón, Lourdes Torres, fue secuestrada el 17 de mayo, y aunque no se ha retirado de la contienda, tampoco ha regresado a hacer campaña.
El 14 de junio fue asesinado el abanderado del frente PAN-PRD a la alcaldía de Taretán, Alejandro Chávez Zavala, quien buscaba la reelección. El miércoles 20 de junio mataron al candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, Omar Gómez, y al día siguiente al perredista Fernando Ángeles, quien aspiraba a la presidencia municipal de Ocampo.
Sigala asegura que las investigaciones de la procuraduría revelan que ninguno de esos actos está vinculado con actividades políticas de las víctimas, “fueron temas, de acuerdo con información que tenemos, ajenos a sus candidaturas”.
Sin embargo, las autoridades saben del riesgo inminente e instalaron, desde el arranque del proceso electoral, una mesa de gobernabilidad en la que, por diferencias políticas con el gobernador Silvano Aureoles, no acuden los representantes de Morena y el Partido del Trabajo.
De manera cotidiana se revisan las situaciones de riesgo que hay y hasta ahora solo se ha brindado protección policiaca a cinco candidatos en los 112 municipios michoacanos.
Hasta esa mesa han llegado los expedientes de todos los candidatos. Aun cuando no existen carpetas de investigación abiertas que hubieran podido cancelar sus registros como candidatos, los aparatos de inteligencia estatales y el propio Cisen informaron puntualmente a los partidos los antecedentes de todos los que forman parte de sus listas de aspirantes.
Por ejemplo, que Lourdes Torres, la candidata que fue secuestrada y liberada en menos de 48 horas, es esposa del ex alcalde del mismo municipio donde compite, Juan Carlos Arreygue, preso por su participación en el homicidio y calcinamiento de 10 personas en agosto de 2016.
La responsabilidad de sus registros y las consecuencias que pudiera haber competen a los partidos políticos. Por lo pronto, en la boleta electoral aparecerán dos personajes que en 2009 estuvieron en prisión como parte del operativo Michoacanazo.
Genaro Guízar y el aspirante al Senado por el PRI, Antonio Ixtláhuac, entonces edil de Zitácuaro, fueron acusados de vínculos con el grupo criminal de la Familia Michoacana. Tras 11 meses en prisión fueron liberados.
El ex gobernador Fausto Vallejo, en cuya administración terminó por explotar la violencia y los vínculos entre el gobierno y los criminales, busca la alcaldía de Morelia por quinta ocasión, ahora bajo las siglas de Encuentro Social. También aspira a un cargo de elección popular su hijo Fausto Vallejo, quien compite por una diputación local por el distrito 10 de Morelia.