A dos años de la caída de Ismael El Mayo Zambada y del estallido de la guerra interna del Cártel de Sinaloa, la ofensiva federal dejó de ser una operación de emergencia para convertirse en una estrategia permanente contra las estructuras de las dos principales facciones enfrentadas.
La guerra entre las facciones de Los Mayitos y Los Chapitos arrancó el 9 de septiembre de 2024 tras la detención de El Mayo en Estados Unidos.
Ese hecho desató una ola de violencia que convirtió a Sinaloa en uno de los principales desafíos de seguridad para la administración de Claudia Sheinbaum.
Pero, tras casi dos años de despliegues, capturas y golpes a la infraestructura criminal, las cifras oficiales registraron una merma tanto en los niveles de violencia como en las capacidades operativas del cártel.
Entre el 9 de septiembre de 2024 y agosto de 2026, Sinaloa acumuló 2 mil 525 homicidios dolosos. Sin embargo, después de alcanzar su punto más alto de violencia en junio de 2025, los asesinatos comenzaron a descender.
De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), al comparar el mes más violento de la confrontación con agosto de 2026, los homicidios registraron una reducción de 25.7 por ciento.
Junio de 2025 marcó el máximo de violencia letal, con 156 homicidios dolosos; para agosto de este año, la cifra descendió a 113 casos.
La caída de los homicidios coincidió con una intervención federal que fue ampliándose: comenzó con el despliegue masivo de militares y elementos de la Guardia Nacional para contener los enfrentamientos y evolucionó hacia una ofensiva contra las capacidades operativas de las organizaciones criminales.
La estrategia se dirigió contra armas, laboratorios, precursores químicos, campamentos, explosivos, rutas de trasiego y finanzas de las organizaciones criminales.
El detonante
La fractura del Cártel de Sinaloa se hizo visible después del 25 de julio de 2024, cuando Ismael El Mayo Zambada fue trasladado en una aeronave a territorio estadounidense y detenido junto con Joaquín Guzmán López.
De acuerdo con la versión del exlíder del Cártel de Sinaloa, Guzmán López lo habría llevado mediante engaños a una reunión en las inmediaciones de Culiacán, donde fue sometido y posteriormente trasladado a Estados Unidos.
La detención de uno de los principales dirigentes históricos del Cártel de Sinaloa alteró el equilibrio interno de la organización.
Semanas después, el 9 de septiembre, la disputa entre las estructuras vinculadas con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán —Los Chapitos— y el grupo identificado con Zambada —Los Mayos o La Mayiza— desembocó en enfrentamientos abiertos.
De la emergencia al despliegue permanente
A pocos días de que comenzara la confrontación, la presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que la respuesta federal se apoyaría en inteligencia e investigación.
“En el caso de Sinaloa, el propio general secretario (Ricardo Trevilla Trejo) estuvo en varias zonas de Culiacán platicando incluso con la ciudadanía. Hay un destacamento muy importante de la Guardia Nacional y se va a reforzar, y modificar en lo que se requiera a la propia operación (…). También se fortalecen las acciones de inteligencia e investigación”, señaló el 9 de octubre de 2024.
La primera fase de la estrategia estuvo marcada por el incremento acelerado de la presencia federal.
Para noviembre de 2024, el Gabinete de Seguridad reportaba ya un despliegue de más de 10 mil elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, además de aeronaves destinadas a las operaciones.
El 14 de noviembre, por ejemplo, autoridades federales informaron sobre la detención de ocho personas y el aseguramiento de armas, vehículos y droga.
En una de esas acciones fueron decomisadas 29 armas de fuego, cuatro vehículos, más de seis kilogramos de posible metanfetamina y una sustancia similar a la cocaína, además de la destrucción de 32 plantíos de marihuana.
El gobierno federal perfilaba así una presencia militar permanente como parte de su estrategia.
Golpear la infraestructura criminal
Al cierre de 2024, la operación federal se había estructurado alrededor de cuatro líneas de acción: despliegue territorial, inteligencia, detención de células y destrucción de infraestructura criminal.
En los primeros meses de 2025, los operativos incorporaron también la afectación económica.
El 19 de enero, el Gabinete de Seguridad informó sobre la destrucción de siete plantíos de mariguana en Badiraguato, con un aseguramiento estimado en 360 kilogramos y una afectación económica calculada en siete millones de pesos.
Ese mismo día, en Culiacán, militares localizaron e inhabilitaron dos áreas de concentración de materiales y aseguraron 2 mil 420 litros de sustancias químicas utilizadas para elaborar metanfetamina.
La autoridad estimó la afectación económica en 47 millones de pesos.
El objetivo era contra la cadena completa, es decir, impedir que las organizaciones produjeran droga, almacenaran precursores, trasladaran mercancías y obtuvieran recursos para sostener su estructura.
La ofensiva también alcanzó a operadores vinculados con ambas facciones.
Desde inicios de 2025 se registraron detenciones relevantes, como la de Mauro Alberto “N”, alias Jando, identificado como piloto de confianza de Los Chapitos; Kevin Alonso, El 200, señalado como jefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán Salazar; y José Ángel, Güerito Canobbio, identificado como asesor logístico y financiero de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán.
Por el lado de Los Mayitos, fueron detenidos Juan Carlos Chavo Félix, yerno de Ismael Zambada y señalado como operador financiero; así como Marcos Iván Marquitos y Jesús El Chuy, vinculados con esa estructura.
La importancia de estas capturas no radicó únicamente en el número de detenidos, sino en el perfil de los objetivos: pilotos, operadores financieros, responsables de seguridad y enlaces logísticos.
Extiende gobierno federal su ofensiva durante 2025
Durante una gira de trabajo en la Base Aérea Militar No. 10, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 16 de julio de 2025, las autoridades habían detenido a casi 15 mil personas y asegurado más de tres mil armas de fuego.
También reportó el aseguramiento de 53 toneladas de droga –entre ellas más de una tonelada y un millón de pastillas de fentanilo– y el desmantelamiento de 91 laboratorios destinados a la producción de metanfetamina.
Como parte de la supervisión de la estrategia, el Gabinete de Seguridad comenzó a realizar visitas periódicas a Sinaloa, con evaluaciones quincenales de las operaciones, por instrucciones de la mandataria federal.
En agosto de 2025, el dispositivo territorial recibió otro refuerzo con la entrega al gobierno estatal de 100 patrullas destinadas principalmente a incrementar la presencia policial en Culiacán.
Para entonces, Sinaloa había pasado de un esquema de respuesta ante una crisis criminal a una estrategia de presencia federal permanente, inteligencia para localizar generadores de violencia y ataques simultáneos contra armas, drogas, laboratorios y finanzas de las organizaciones.
2026: de las drogas a los explosivos
La ofensiva continuó durante 2026 y puso especial atención en las áreas utilizadas para la producción de drogas sintéticas.
Entre el 7 y el 15 de enero, autoridades federales reportaron la inhabilitación de 44 áreas de concentración de materiales y sustancias utilizadas para elaborar drogas sintéticas.
Los operativos se extendieron por Culiacán, Cosalá, San Ignacio, Elota, Navolato, Rosario y Concordia, entre otros municipios, con aseguramientos de armas, vehículos, campamentos y materiales utilizados por las organizaciones criminales.
Para marzo, el uso de explosivos y drones comenzó a adquirir mayor relevancia dentro del conflicto.
En operativos realizados en Concordia, Culiacán, Elota, Mazatlán y San Ignacio fueron aseguradas 13 armas largas, cuatro armas cortas, 74 cargadores, 2 mil 365 cartuchos, seis vehículos, una motocicleta, dos chalecos tácticos, 13 artefactos explosivos improvisados y un vehículo con blindaje artesanal.
La naturaleza de estos aseguramientos mostró que la confrontación había evolucionado: las organizaciones no sólo disputaban territorios y rutas, sino que incorporaban recursos tecnológicos y explosivos para enfrentar a sus adversarios y a las fuerzas de seguridad.
Balance a dos años
El 7 de julio de 2026, García Harfuch sostuvo que la Estrategia Nacional de Seguridad y el reforzamiento permanente de las operaciones federales habían permitido reducir 44 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos en Sinaloa desde junio de 2025.
El secretario de Seguridad federal atribuyó la reducción a la contención de los conflictos entre grupos criminales y, con ello, a la disminución de los niveles de violencia que se habían disparado después de la ruptura entre las facciones del Cártel de Sinaloa.
Para entonces, el estado contaba, según el gobierno federal, con un estado de fuerza de 16 mil 440 elementos.
Entre octubre de 2024 y junio de 2026, las autoridades reportaron la detención de 2 mil 540 personas por delitos de alto impacto y aseguraron más de 94.5 toneladas de drogas, entre ellas mil 300 kilogramos y dos millones de pastillas de fentanilo.
También decomisaron más de 5 mil 900 armas de fuego y un millón de cartuchos, alrededor de una quinta parte de las armas aseguradas en todo el país durante la actual administración.
El otro frente fue la infraestructura para producir drogas. El gobierno reportó el desmantelamiento de 2 mil 412 laboratorios clandestinos y áreas de concentración, además del aseguramiento de millones de litros y kilogramos de sustancias químicas.
García Harfuch aseguró que Sinaloa continuará bajo una presencia permanente de las instituciones federales, mediante operaciones focalizadas para debilitar a las organizaciones criminales que operan en la entidad.
ROA