Juan Carlos Guzmán Rosas, juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, rechazó otorgar suspensiones provisionales para frenar la expropiación de terrenos aledaños en la Base Aérea de Santa Lucía, donde hoy se construye el Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”.
El juzgador comenzó a concentrar los amparos que continúan interponiéndose en juzgados del Estado de México, referentes al proyecto tendiente a la planeación, construcción, desarrollo, acondicionamiento y/o remodelación de la Base aérea Militar Número 1 de Santa Lucía, Estado de México, con el fin de que sea un aeropuerto internacional de carácter civil.
Otras de las demandas que fueron presentadas, corresponde a la empresa Segtec, la cual solicitó que se suspenda la licitación donde se dio como ganador en marzo, para prestar el servicio de suministro e instalación de máquinas de rayos X de tomografía computarizada para la revisión de equipaje documentado en el Edificio Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, en lo que será la Puerta 7.
Sin embargo, el juez mexiquense que recibió la demanda solo la admitió a trámite y dejó el caso al juez Guzmán Rosas, porque señaló de que conceder la suspensión provisional solicitada traería como consecuencia la afectación directa e inmediata del funcionamiento de los dispositivos de seguridad de mérito.
Mientras tanto, Giuseppe Giorgio Calcaterra Montemayor, en su carácter de albacea de José Calcaterra Sanaldi, Concepción Montemayor Martínez y Ofelia Montemayor Martínez; y María Alma Francisca Margarita Cantú Villareal, en su carácter de albacea de Eloy Montemayor Martínez, promovieron un amparo contra la expropiación de sus terrenos.
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El juzgador de la capital mencionó que es improcedente otorgar la suspensión solicitada contra la desposesión de las parcelas que defienden, porque en la resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2019, se advierte que la declaración como terreno nacional del predio denominado Xaltocan, integrado por el polígono II con una superficie de 24- 70-64 hectáreas del municipio de Nextlalpan, Estado de México, donde según lo que se alega, se encuentran los terrenos que los quejosos defienden.
De concederse la medida cautelar, añadió, se contravendrían disposiciones de orden público y se seguiría perjuicio al interés social, en tanto que la colectividad tiene interés en la defensa y mejoramiento en la prestación de los servicios públicos.
“Lo anterior se corrobora si se toma en cuenta que la construcción del aeródromo reviste una función estatal prioritaria que impide el otorgamiento de la suspensión, pues en términos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 el Aeropuerto Internacional 'Felipe Ángeles' en Santa Lucía, se trata de una obra de infraestructura aeroportuaria encaminada a conformar una triada de terminales aéreas, situación que permite aseverar con claridad el interés social que rige tales acciones, las cuales sólo de llevarse a cabo, permitirán la prestación del servicio público de aeropuertos, que posee un contenido eminentemente social en beneficio de la población en general”, explicó,
Por ende, la construcción de la obra no es susceptible de paralizarse por ser de interés general su seguimiento y conclusión, porque implica un fin general.