La disputa por la planta de cemento Cruz Azul de Tula de Allende, en Hidalgo, considerado como el último bastión de Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, conocido como Billy Álvarez, alcanzó a sus socios y allegados que hoy enfrentan diversas denuncias y órdenes de aprehensión por los delitos de robo de cemento, lavado de dinero y despojo; lo que además, representó una fractura en el grupo, pues por lo menos dos de ellos, habrían solicitado un criterio de oportunidad ante la Fiscalía General de la República (FGR).
Se trata de Joel Vázquez Dolores, Federico Sarabia Pozo, Alberto López Morales, y Pablo Reséndiz García, afines al ex director de la empresa, quienes habrían modificado los procesos para el despacho de cemento de la Cooperativa para la dispersión de recursos a través de empresas que aparentemente facturan operaciones simuladas y/o con recursos de procedencia ilícita.
Denuncias presentadas ante la FGR y documentos judiciales, a las que MILENIO tuvo acceso, dan cuenta del esquema que los allegados a Billy Álvarez habrían llevado al menos desde el 15 de septiembre de 2020, así como del criterio de oportunidad.
El grupo, encabezados por Federico Sarabia Pozo y Alberto López Morales, quienes se atribuyeron la sucesión de Billy Álvarez —en una asamblea pública celebrada en agosto de 2020 e invalidada en marzo pasado— cuentan desde 2021 con dos órdenes de aprehensión en su contra.
La primera, por su probable responsabilidad en los delitos de fraude procesal, por actuación ilegal frente del Consejo de Administración; y la segunda, por fraude genérico en contra La Cruz Azul S.C.L., por la comercialización de más de 10 mil toneladas de cemento de la Planta de Hidalgo.
A este esquema de corrupción, se le suma que, tras una orden de la autoridad judicial y un operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública de la Entidad para la posesión legal del inmueble, la planta cementera fue retenida por un grupo de 200 socios afines a Sarabia, que, a su vez, fueron acusados del delito de despojo.
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Pero las investigaciones detonaron la fractura del grupo, pues Joel Vázquez Dolores, junto con Mauricio Lugo Cruz, estarían buscando un criterio de oportunidad a cambio de información, por lo menos desde noviembre de 2021, según quedó constatado en actas de la Correduría Pública 92 de la Ciudad de México.
En cuanto al esquema para la comercialización de cemento, de acuerdo con las acusaciones, la operación se realizaba desde las oficinas de Concretos Cruz Azul, ubicadas en Torres Adalid 517, colonia Del Valle, en la Ciudad de México, recuperadas apenas en marzo pasado por los cooperativistas.
La comercialización se habría realizado con las firmas Lasoid Group S.A. de C.V., Pestore Comercializadora S.A. de C.V., Estudio Logístico Foráneo S.A. de C.V. y Loasis Connection Services S.A. de C.V., que hoy cuentan junto con una treintena de ex distribuidoras más, con cuentas bancarias bloqueadas.
En marzo quedaron congeladas las cuentas de 35 ex distribuidores de cemento, todos ellos bajo investigación por los delitos de encubrimiento por receptación, lavado de dinero y defraudación fiscal.
Al momento, la planta de Tula representa la presencia operativa de Billy Álvarez, y en consecuencia, el saqueo del que se le acusa por 43 mil 200 millones de pesos, lo que generó que desde 2020 cuente con una ficha roja de la Interpol para su búsqueda en 195 países.
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