La Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó las cuentas bancarias y denunció ante la Fiscalía General de la República a Marcos Pérez García, líder de Antorcha Campesina en Guanajuato, tras detectar movimientos en efectivo por más de 10 millones de pesos sin que presente declaraciones fiscales.
Confirmaron a MILENIO que esta investigación forma parte de las denuncias ciudadanas que se presentaron en contra de Antorcha Campesina desde el 2019, con las que el sistema financiero fue detectando anomalías en los líderes de esta organización de distintas entidades federativas, mismos que ya fueron denunciados ante las autoridades correspondientes.
En el caso del líder en Guanajuato el sistema financiero identificó que Pérez García realizó retiros en efectivo por 443 mil pesos en 2014 y que a pesar de no presentar declaraciones fiscales, recibió depósitos en efectivo en al menos 13 entidades federativas por siete millones 800 mil pesos entre octubre y septiembre de 2017.
Funcionarios de la UIF señalaron a MILENIO que Marcos además, forma parte del Consejo de Vigilancia de la asociación civil “Colonos Antorchistas Unidos de la Ciudad de Valladolid AC” que también es investigada tras varias alertas emitidas por el sistema financiero al no tener claro el origen de los recursos que recibe.
Pérez García le envió de manera inexplicable a esta asociación, tres millones de pesos, dinero que tampoco declaró y que no está claro de dónde obtuvo, así como no hay explicación en los ingresos y manejo del efectivo que mueve esta asociación.
A través de un comunicado, la unidad dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sostuvo que “de esta manera la UIF refrenda su compromiso de llevar a cabo acciones que inhiban el uso del sistema financiero mexicano por parte de organizaciones que tienen como finalidad ocultar el origen de recursos de procedencia ilícita, para fortalecer el cumplimiento del Estado de Derecho, brindando seguridad jurídica a la ciudadanía”.
La UIF ha bloqueado cuentas de los líderes de Antorcha Campesina en Guanajuato, Puebla y el Estado de México con sus respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la República.