La empresa Demec Demoliciones busca un acuerdo reparatorio con las familias de las víctimas del colapso del edificio de San Antonio Abad 124, donde tres trabajadores perdieron la vida en marzo de este año.
En su informe mensual, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, señaló que las indagatorias permitieron identificar una posible responsabilidad penal de la compañía, pero que las partes sostienen conversaciones para llegar a un acuerdo.
No obstante, aseguró que, en caso de que no se logre un acuerdo, la fiscalía cuenta con una investigación avanzada con elementos para judicializar el caso y formular una imputación.
“Identificamos que sí podría haber probable responsabilidad o tenemos elementos por lo menos para judicializar el caso de San Antonio Abad por parte de la empresa que demolió el inmueble", aseguró la fiscal.
No obstante, Alcalde Luján detalló que el caso se investiga tanto por lesiones culposas como por homicidio culposo, aunque se trata de un tipo de delito que permite que se realicen acuerdos reparatorios conforme a lo que decidan las partes.
“Hay ahora conversaciones abiertas por parte de nuestra unidad de mediación para ver si ellos quieren llegar a un acuerdo reparatorio, de lo contrario, nuestra fiscalía va a judicializar el caso. Tenemos los elementos creemos suficientes para avanzar a una imputación”, sentenció.
Al ser cuestionada sobre si hay responsabilidad penal de alguna autoridad, la fiscal señaló que la indagatorias continúan para terminar de esclarecer el caso; sin embargo, no han identificado responsabilidad de las autoridades.
“En este momento la responsabilidad que se ha identificado penal para poder imputar es respecto a la empresa de demolición, aún en la investigación que hemos realizado no hemos identificado que exista responsabilidad penal de una de estas dos autoridades, pero la investigación continúa respecto a estos puntos”, declaró.
¿Qué sanciones podrían enfrentar los responsables?
El derrumbe registrado en un edificio de tres niveles, mismos que ya presentaban daños estructurales, estaría directamente vinculado con omisiones graves de protocolos de seguridad obligatorios.
De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, la responsabilidad del desplome recae sobre el director responsable de la obra, el arquitecto y los representantes legales.
Además, la ley establece penas de cuatro a seis años y medio de prisión y hasta 10 mil días de multa para quien permita una construcción que no siga la normativa de seguridad impuesta por Protección Civil.
Además, un caso de esta naturaleza podría implicar la suspensión de las labores y oficio del imputado por un periodo similar al de la sentencia dictada por el juez.
Sin embargo, ya que el derrumbe derivó en el fallecimiento de tres personas, la sentencia podría incrementar hasta a 20 años de prisión, de acuerdo con el artículo 141 del Código Penal, ya que podría tratarse de una muerte por negligencia.
AG