El relevo de funcionarios del Sistema Penitenciario del Estado no sirve porque el Gobierno del Estado no hace un cambio estructural, y sigue sin resolver el problema principal que es la falta de infraestructura y suficiente personal en los penales de la entidad.
Lo anterior de acuerdo con Liz Sánchez, vocera de Ciudadanos en Apoyo a Derechos Humanos (Cadhac), ya que impide que se respeten los derechos humanos y sigan bajo el control de los internos.
En dos años han ocurrido 19 disturbios y más de 80 personas han muerto en las penitenciarías de Nuevo León, porque el Gobierno no pone atención adecuada, no designa a las personas adecuadas y no tiene suficientes celadores para controlar a los internos, sostuvo la activista.
"El Estado honesto no se muestra débil, porque el Estado ya está débil, no está haciendo el trabajo que le corresponde en el tema penitenciario, puede haber cambios, es más, debe tener enfoque para transformar la situación penitenciaria en Nuevo León", dijo Sánchez.
Ante la crisis penitenciaria que se vive en Nuevo León y de las protestas ocurridas el pasado viernes en los penales de Apodaca y Topo Chico, el Gobierno del Estado anunció el martes por la noche cambios importantes en el organigrama de la Agencia de Administración Penitenciaria.
Esto luego de darse a conocer que Rosa Manuela Félix, quien desempeñaba el cargo de la Comisaría General de la Agencia de Administración Penitenciaria, renunció por motivos personales.
En su lugar, se informó, quedó Sergio Humberto Román Robles como encargado del despacho de la Comisaría.
Otro de los cambios fue la destitución de Genaro Arturo Sánchez Vázquez, quien se desempañaba como alcaide del penal del Topo Chico.
Su lugar fue ocupado por Sergio Javier Pérez Meléndez, quien se desempeñaba como subdirector jurídico de dicho Cereso.
Fue el pasado viernes cuando los internos de los penales del Topo Chico y Apodaca protestaron con mantas en las azoteas de los edificios, contra Rosa Manuela Félix y Genaro Sánchez, a la par de Jorge Salomón Bissuet.