La Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados respaldó las acciones legales emprendidas por el gobierno federal contra once fabricantes de armas en Estados Unidos, al subrayar que mientras México libra una importante lucha contra la inseguridad y el delito, las referidas empresas lucran con la libre venta y disposición de sus productos que ha permitido el contrabando de 2.5 millones de armas al país en los últimos diez años.
“En este sentido, es claro que la delincuencia organizada no distingue fronteras ni límites territoriales y dada su capacidad de operación ha aprovechado los vacíos legales para llevar a cabo su actividad”, puntualizó la diputada morenista Juanita Guerra, presidenta de la comisión legislativa.
Subrayó que mientras México cuenta con una robusta legislación en materia de portación de armas de fuego y explosivos por parte de particulares, en Estados Unidos la regulación en la materia, así como su tradición jurídica, han colocado de manera constante en las mesas de debate el tema de la regulación.
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Por ello, el gobierno mexicano ha presentado de manera formal una demanda civil en las cortes federales de Boston contra once empresas fabricantes de armas, pues se ha concluido que son conscientes de que sus productos son objeto de tráfico y uso ilícito contra civiles y autoridades de nuestro país, priorizando la mercadotecnia para promover armas con mayor letalidad sin mecanismos de seguridad.
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“Esta Comisión de Seguridad Pública se pronuncia de manera abierta en favor de las acciones legales emprendidas por el gobierno federal ante el tribunal del estado de Massachussets, reafirmando su compromiso con la paz y la seguridad, así como con un importante control legal, a fin de erradicar el grave problema de tráfico de armas que afecta a nuestro país”, remarcó Guerra.
No obstante, agregó, es preciso señalar que la labor de controlar, regular y limitar el flujo de armas entre particulares es una responsabilidad directa e ineludible que compete al orden estatal.
DMZ