Líderes y operadores de cárteles del narcotráfico que están presos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, dejaron atrás sus disputas porque se unieron y promovieron un amparo para demandar la protección de la justicia porque aseguran que son hostigados por el personal penitenciario y sometidos a tortura psicológica.
Ante esta situación, el agente del Ministerio Público Federal, de la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó a la jueza que dio entrada a la demanda que sobresea el caso. Sin embargo, la juez dejó claro que en su momento “dictará la resolución que en derecho corresponda”.
Abigail Ocampo Álvarez, jueza Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales con sede en la ciudad mexiquense de Toluca concedió a los capos y operadores una suspensión de plano para que cesen los presuntos actos denunciados.
La demanda fue presentada por Servando Gómez Martínez, La Tuta, ex líder del cártel Los Caballeros Templarios; Mario Cárdenas Guillén, El M1 o El Gordo, ex líder del cártel del Golfo, y por Fernando Sánchez Arellano, El Alineador o El Ingeniero, ex líder del cártel de Tijuana.
También fue firmada por Hugo Guerrero Encinas, El 01, lugarteniente de Noel Salgueiro Nevarez, El Flaco Salgueiro, líder fundador del grupo de sicarios conocido como Gente Nueva del cártel de Sinaloa, responsable de las matanzas en Chihuahua y Sonora.
Además, de Javier Adrián Salazar Ortiz, quien fue jefe de plaza de Los Zetas en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Por este caso, el titular de la Delegación en el Estado de México del Instituto Federal de la Defensoría Pública designó a un defensor “para que represente, oriente y/o asesore a los quejosos Hugo Guerrero Encinas, Servando Gómez Martínez, Mario Cárdenas Guillén, Javier Adrián Salazar Ortiz y Fernando Sánchez Arellano, en el presente juicio”, detalla un acuerdo judicial.
“Dadas las circunstancias que se suscitan en estos momentos por la pandemia del covid-19, requiérase al profesionista antes referido a través del Instituto Federal de Defensoría Pública, Delegación Estado de México, para que, en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, mediante escrito acepte y proteste el cargo de defensor público de los quejosos".
El defensor ya aceptó y protestó el cargo, detalla otro acuerdo dado a conocer por la juzgadora, por lo que en próximos días se definirá si se continúa con el estudio de este caso.
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