Luis Cárdenas Palomino, ex mando de la Policía Federal, quien enfrentará un proceso penal por el presunto delito de tortura, quiso recuperar su libertad argumentando que el acto ilícito del cual se le acusa no estaba vigente en la ley al momento de los sucesos, y que la familia Vallarta está tratando de usar este caso a su favor.
Además, ofreció como pruebas un testimonio notarial sobre los reconocimientos que recibió por su desempeño como servidor público.
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Lo anterior fue dado a conocer por Héctor Pérez Rivera, abogado de Mario Vallarta Cisneros y Sergio Cortez Vallarta, quienes presuntamente fueron torturados junto los hermanos Eduardo y Ricardo Estrada Granados, por órdenes de Cárdenas Palomino para que aceptarán formar parte de la banda de secuestradores de Los Zodiaco.
El litigante dijo que la ex mano derecho y hombre de confianza del ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tiene tres días para apelar el auto de formal prisión.
En conferencia de prensa realizada afuera del reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, dijo que hay pruebas para demostrar la responsabilidad de Luis Cárdenas en este delito.
Añadió que solicitarán que se aplique nuevamente el Protocolo de Estambul a las víctimas, pero por peritos independientes para sumarlo a las pruebas.
“Hay decenas de pruebas, hay distintos testimonios, hay valoraciones médicas, hay testigos, hay valoraciones psicológicas, hay un gran acervo probatorio que forma este expediente”, declaró.
Dejó claro que las víctimas señalan a Cárdenas Palomino “con contundencia” como responsable de la tortura.
“No sólo las víctimas directas, sino también las indirectas, es decir, las víctimas dicen: ‘él estuvo ahí en el momento que estaba siendo torturado´. Hay un señalamiento directo, no hay una idea construida o prefabricada”, apuntó.
Hasta ahora hay 11 agentes de la Policía Federal prófugos de la justicia, quienes presuntamente participaron en la tortura. Mientras que otro agente está en proceso de sentencia.
Recordó que Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur, ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar los señalamientos que existen contra Ramón Eduardo Pequeño, ex jefe de la División Antidrogas, como otro probable implicado de ordenar la tortura de las víctimas.