Un juez federal desechó el amparo que promovió Carlos Ahumada Kurtz para que la Fiscalía General de la República (FGR) no ejerza acción penal en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de extorsión, fraude específico, falsificación de documentos y uso de documento falso, en agravio de Rosario Robles Berlanga, ex secretaria de Desarrollo Social.
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Patricio Leopoldo Vargas Alarcón, juez Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, resolvió el pasado 21 de agosto desechar la demanda de garantías porque fue interpuesta de manera extemporánea.
Ante esta situación, Ahumada presentó un recurso de queja, el cual fue admitido a trámite por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal, mismo que resolverá si estuvo fundado el acuerdo del juez Alarcón.
La FGR determinó que cuenta con los elementos necesarios para ejercer acción penal contra Carlos Ahumada por los mencionados delitos.
La averiguación previa fue integrada en el sexenio de Enrique Peña Nieto y tuvo su origen por la denuncia de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Rosario Robles, quien acusó al empresario el 21 de agosto de 2013 por el delito de extorsión.
Robles aseguró que Ahumada sustrajo tres hojas en blanco con su firma, sin su consentimiento, y que a través de terceras personas la amenazó con utilizar las hojas donde se admitía una deuda millonaria.
Ahumada reclamó un pago de 400 millones de pesos más intereses generados de 2003 a la fecha, dinero que según él forma parte del Fideicomiso Justicia y Verdad, donde aparecen como beneficiarios sus hijos María Cecilia y Ana Lucía.
El 3 de julio de 2018, la entonces Procuraduría General de la República declaró improcedente la solicitud de Ahumada, luego de que solicitó que se decretara el no ejercicio de la acción penal en la averiguación AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/46A/2013.
Ahumada tramitó un amparo que tocó conocer al juez Décimo de Distrito de Amparo, quien le concedió la protección justicia. Posteriormente, la PGR interpuso un recurso de revisión y el asunto se radicó en el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal.
Los magistrados modificaron la sentencia y ampararon a Carlos Ahumada contra el acuerdo del 3 de julio dictado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Dirección General de Control y Vinculación Estratégica, de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, responsable de la averiguación previa PGR/DGCAP/ZNO-XIV/46A/2013 y su acumulada PGR/DGCAP/ZNO-XIV/47A/2014.
El amparo fue para el efecto de que la hoy FGR dejara sin efectos el acuerdo de 2018 y en su lugar emitiera.
El 2 de julio de 2019, la FGR emitió un nuevo acuerdo y reiteró que es improcedente la solicitud del quejoso en el sentido de emitir una propuesta de no ejercicio de la acción penal.
La FGR informó al juez que recibió las pruebas previamente desahogadas en el extranjero y consideró que no había diligencias pendientes de desahogar, porque cuenta “con elementos para acreditar el cuerpo de los delitos y la probable responsabilidad del quejoso en su comisión”.
Por este motivo, Ahumada promovió este nuevo amparo, pero se lo desecharon por solicitarlo fuera de tiempo.