"Yo les digo el día de hoy también de cara a los guanajuatenses que Alvar y Zamarripa no continuarán en mi gobierno [...] les doy mi palabra que es lo más valioso que tengo, yo se los he dicho y si hoy se los estoy diciendo es porque así va a ser", fueron las palabras con las que la entonces candidata a la gubernatura de Guanajuato, Libia Dennise García, se comprometió a renovar las titularidades de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Con un millón 250 mil 109 votos, la abanderada de la coalición PAN - PRI - PRD se consolidó como la ganadora de los comicios electorales celebrados en Guanajuato el pasado 2 de junio, lo que marcó el inicio del fin de la trayectoria de tres décadas que Carlos Zamarripa Aguirre construyó como servidor público.
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Dos meses después de su triunfo, la gobernadora Libia Denisse García informó a través de su cuenta oficial de X que el pasado 27 de septiembre el fiscal del estado le presentó su renuncia tras pasar 15 años en el cargo entre críticas y resultados que llevaron a Guanajuato a encabezar la lista de las entidades que acumulan el mayor número de homicidios en México.
La salida de Carlos Zamarripa de la FGE de Guanajuato
Los resultados en materia de seguridad que Guanajuato obtuvo durante la gestión de Carlos Zamarripa consolidaron al estado en los últimos años como uno de los más violentos de la República Mexicana.
Ante el desalentador panorama, parte de los guanajuatenses y de la esfera política detractora local solicitaron su remoción del cargo en diversas ocasiones pero no solo eso pues, incluso, fue el mismo ex presidente Andrés Manuel López Obrador quien se sumó a la petición tras la masacre de Salvatierra ocurrida en diciembre de 2023.
"Por eso mi insistencia respetuosa en que se cambie al fiscal que lleva 13 años y tiene una fuerza política descomunal. Tiene mucha protección, como si él fuese el gobernador", mencionó el político tabasqueño durante una de sus tradicionales conferencias mañaneras.
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Desde 2021 Andrés Manuel López Obrador recomendó al ex gobernador de la entidad, Diego Sinhue, destituir al fiscal del estado al considerar que “no estaba actuando bien”.
"No me puedo quedar callado, sería complicidad y soy el representante del Estado, tengo que atender a todos los mexicanos [...] los hechos me están demostrando que no se está actuando bien [...] sí recomiendo que haya renovación porque no mejoran las cosas, ya tenemos Guardia Nacional y tenemos elementos del Ejército y de la Marina, estamos apoyando pero no vemos que sea lo mismo en cuanto a la actuación de la Fiscalía", criticó el entonces líder del Ejecutivo.
Aunque el ex mandatario tabasqueño reconoció que respetaba la autonomía de las fiscalías, su insistente recomendación no tuvo efecto sino hasta la llegada de Libia Dennise García a la gubernatura de Guanajuato, quien cumplió su promesa de campaña al presentar la renuncia tanto de Carlos Zamarripa como del ahora ex titular de la Secretaría de Seguridad del Estado, Alvar Cabeza de Vaca.
"Se anuncia su salida finalmente para el primero de enero del próximo año pero hubo un costo alto que pagar [...] se autoasignó una pensión de lujo en donde va a tener un salario de 146 mil pesos", comentó en entrevista con MILENIO el analista en seguridad pública, David Saucedo.
Además de incrementar en un 30% las prestaciones de jubilaciones para su propio beneficio, el experto en seguridad relató a este medio que Carlos Zamarripa dejó el cargo de fiscal después de asegurar que algunos de sus familiares directos asumieran cargos públicos.
"Se designó a la esposa del fiscal como magistrada de un Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y su hija fue contratada también en el gobierno. Hay todo un organigrama familiar de Zamarripa, un familiograma de Zamarripa ocupando cargos en el gobierno del estado. Ese fue el costo a pagar, me parece que es un costo aceptable", enfatizó David Saucedo.
La salida de Carlos Zamarripa de la FGE de Guanajuato fue controversial, sin embargo y en palabras del entrevistado,fue necesaria para evitar que escenarios de conflicto entre la gobernadora y un fiscal no designado por ella.
Masacres: el violento legado de Carlos Zamarripa en Guanajuato
Tan solo un día después de que Libia Denisse García diera a conocer la renuncia del fiscal general de Guanajuato, cinco personas fueron asesinadas durante un ataque armado perpetrado en un anexo de Salamanca.
Un día antes cuatro integrantes de una familia fueron acribillados por hombres armados que irrumpieron en su domicilio en León y diez días antes una agresión armada provocó la muerte de otras cinco personas en Yuriria.
Dichas episodios violentos acapararon atención mediática, sin embargo, únicamente terminaron por sumarse al listado de las constantes masacres que la Secretaría de Seguridad y FGE de Guanajuato no han podido frenar.
Dato:¿Qué es una masacre?
La organización civil Causa en Común define masacre como el asesinato de tres personas o más. De acuerdo con un análisis de atrocidades realizado a través de reportes en medios de comunicación, de enero a diciembre de 2023 se registraron 447 masacres en México.
El conteo realizado por Causa en Común a lo largo de 2023 ubicó a Guanajuato como el estado en el que se registró el mayor número de masacres en el año con 57. Le siguen Guerrero (46), Zacatecas (41), Baja California (30), Morelos (27), Chihuahua (26), Nuevo León (25) y Veracruz (24).
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En agosto de 2024, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Guanajuato volvió a encabezar la lista de los estados que acumulan el mayor número de homicidios dolosos.
"Guanajuato es el estado del país en donde se cometen más homicidios dolosos, homicidios de menores de edad, homicidios de mujeres. También homicidios de policías, hay un incremento de la violencia en distintas regiones del estado [...] hubo el asesinato de candidatos a cargos de elección popular, se incrementaron las carpetas de investigación por concepto de narcomenudeo, un completo desastre", describió para MILENIO el analista en seguridad, David Saucedo, respecto a la gestión de Carlos Zamarripa como fiscal del estado.
La guerra incontenible de cárteles en Guanajuato
Las cifras que consolidan a Guanajuato como una de las entidades más violentas del país tienen parte de su origen en la incapacidad que autoridades estatales han tenido para frenar la disputas que organizaciones delictivas sostienen por el control del estado.
Si bien diversos grupos criminales tienen presencia en la demarcación, son el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) los que han protagonizado una intensa batalla por el control de distintas economías criminales en Guanajuato.
Carlos Zamarripa asumió el cargo de titular de la entonces llamada Procuraduría General de Justicia de Guanajuato durante el mandato del ex gobernador panista Juan Manuel Oliva Ramírez. Permaneció en el cargo los seis años del mandato de Miguel Márquez Márquez y posteriormente en el sexenio de Diego Sinhue.
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A lo largo de ese tiempo y ante la mirada de autoridades estatales, en Guanajuato se gestó una organización criminal local que vio en el robo de combustible -comúnmente llamado huachicol- un lucrativo negocio que posteriormente se extendió a las extorsiones, el narcomenudeo y el robo a transportistas.
El Cártel de Santa Rosa de Lima, encabezado por José Antonio Yépez Ortiz -alias El Marro- se fue apoderando de la tranquilidad de las y los habitantes del estado, construyendo un imperio criminal que prevalece.
"El Cártel de Santa Rosa se movía con total libertad en el estado, no era molestado por la Procuraduría ni por la Secretaría de Seguridad Pública. De acuerdo con declaraciones del propio José Antonio Yépez, alias El Marro, líder de esta organización criminal, él sobornaba a la fiscalía, directamente al fiscal Carlos Zamarripa. En un video que se hizo viral y que circuló en sus redes sociales manifestaba que había tenido acuerdos con la fiscalía para poder desempeñar estas actividades criminales", explicó el analista David Saucedo en entrevista con MILENIO.
Según el experto, la alianza entre el CSRL y la autoridad estatal se rompió con la irrupción del CJNG en Guanajuato pues, en palabras de miembros de la organización delictiva que encabezó El Marro, la FGE de Carlos Zamarripa comenzó a operar a favor del cártel de las cuatro letras.
Dicha premisa se sustenta en el hecho de que, hasta la fecha y mientras José Antonio Yépez permanece recluido en un penal federal, en Guanajuato no se ha dado ninguna captura relevante de un líder del CJNG que opere en el estado, pues las acciones desplegadas para frenar al crimen organizado se han direccionado únicamente para frenar al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL).
Pese a ello, tras el atentado que Omar García Harfuch -ahora titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC)- sufrió en 2020 y que fue atribuido al CJNG, el gobierno federal dio instrucción para combatir a la organización criminal en todos los estados donde tienen presencia.
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Al percatarse que en Guanajuato el gobierno también los estaba combatiendo, el cártel que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes -El Mencho- lanzó ataques de comando para asesinar al grupo de élite de la FGE que buscaba combatirlos.
"La fiscalía ha auxiliado entre el ataque a un grupo criminal para dejar a otro grupo criminal atrás y viceversa", explicó David Saucedo sobre la dinámica criminal que permeó en Guanajuato.
Fue durante el tiempo que Carlos Zamarripa estuvo al frente de la FGE que se incubó dicha guerra entre cárteles, dejando a un paso una incesable ola de violencia para Guanajuato pero también un claro ejemplo de cómo la figura del ‘fiscal carnal’ no funcionó para dotar de independencia a las fiscalías tanto a nivel estatal como federal.
Hasta el momento en el que se escribe esta nota se desconoce quién suplirá a Carlos Zamarripa, no obstante y aunque se modificó la ley para que pueda ser alguien originario de otro estado, la esperanza se mantiene latente para que la titularidad de la FGE la asuma una persona con la capacidad, experiencia y solvencia moral para mitigar el daño que dejó a su pasó el polémico ‘fiscal carnal’ de Guanajuato.
ATJ