En México, el aborto ya está despenalizado en 11 entidades del país hasta la doceava semana de gestación, sin embargo, este continúa siendo criminalizado y activistas acusan que se siguen abriendo carpetas de investigación por estos casos ante el prejuicio de los médicos que lo practican así como el desconocimiento del marco normativo.
En entrevista para MILENIO, Camila Rivapalacio, investigadora jurídica Gire, y Fernanda Díaz de León, subdirectora de Incidencia de Ipas Latinoamérica y el Caribe coincidieron es que la despenalización del aborto no ha garantizado que las mujeres puedan acceder de manera libre ya que a muchas se les sigue criminalizando.
"Es muy importante empezar a acabar con estos estigmas que lleva a que a pesar de que hay una despenalización normativa del aborto hasta determinadas semanas de gestación, siga habiendo este impulso a denunciarlas por practicar un aborto", precisó Camila.
Asimismo, dijo que en muchos hospitales los doctores aún no tienen conocimiento de que en estas entidades, las mujeres están en su derecho a practicarse un aborto hasta la doceava semana de gestación y que en caso de haber sido víctimas de violencia sexual, la NOM 046 las respalda para acceder a ese procedimiento sin que se haya emitido una denuncia ante el ministerio público.
"Creo que no puede haber una despenalización del aborto, sin que venga acompañado con reformas a la ley de salud interna y también políticas públicas que permitan a las mujeres y a las personas con capacidad de gestar y al personal de salud tener lineamiento claro sobre cómo llevar a cabo estos procedimientos", precisó Camila.
Por su parte, Fernanda Díaz de León considera que más allá de despenalizarlo es importante garantizar una atención libre de estigmas y tabúes, los cuales muchas veces son perpetrados por los médicos quiénes también suelen ampararse en la objeción de conciencia para no realizar este procedimiento o intentar convencer a las mujeres de desistir de abortar.
Además, detalló que estas denuncias muchas veces se han realizado en un contexto donde quienes le dan el aviso a las autoridades son personas cercanas a las que se realizaron el proceso o personal de salud que no está de acuerdo con la interrupción legal del embarazo.
"Consideramos que el derecho penal no resuelve todas las problemáticas sociales, sobre todo cuando se trata de violaciones a derechos humanos habrá que ser muy cuidadosos y cuidadosas en términos de no pensar que a criminalización y el uso del derecho penal resuelve o previene las conductas que se buscan eliminar", enfatizó Fernanda.
DMZ