La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer que solicitará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraer el amparo que le ordenó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala)
Esto porque la sentencia pone en peligro las indagatorias realizadas durante los últimos siete años por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Mencionó que, en diciembre pasado, recibió una notificación del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Tamaulipas, a través del cual le ordenó dar cumplimiento a la resolución dictada hace ocho años.
También se ordenó crear la citada comisión y no permitir que peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) participen en las investigaciones.
¿Qué es lo que sabemos?
Ante esta situación, señaló que es necesaria la intervención del máximo tribunal de justicia, por tratarse de un asunto de interés nacional.
“Al hacerse público el apremio jurisdiccional que se notificó hace casi dos meses a la CNDH para revivir un amparo que mucho daño ha hecho a la causa de la investigación del Caso Ayotzinapa, daño derivado, entre otras cosas, de que permitió la liberación de más de 60 presuntos perpetradores que se determinó habían sido torturados sin que mediara ningún dictamen o prueba científica, y desde luego sin protocolos de Estambul, esta CNDH tiene la obligación de alertar sobre sus consecuencias”.
El organismo arremetió también contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Ya nada más faltaría que la CIDH salga en defensa de los perpetradores, que es lo que parece anunciarse con sendas peticiones de información sobre beneficiarios de los amparos de 2017 que hemos venido recibiendo en las últimas semanas, caracterizando de ‘víctimas’ a quienes se tienen muchos elementos para determinar que son en realidad victimarios”.
Investigaciones sobre el caso Ayotzinapa
La comisión recordó que el 3 de diciembre de 2018 el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto para la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (CoVAJ-Ayotzinapa).
Aseguró qe la CoVAJ fue concebida para materializar la instrucción de que todas las dependencias y entidades implementen los mecanismos necesarios a efecto de destinar y aplicar los recursos materiales, jurídicos y humanos que se requieran para conocer la verdad sobre este caso.
Además, agregó, el 26 de junio de 2019 fue creada la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la FGR, a solicitud de las víctimas indirectas, misma que fue constituida con el propósito específico de investigar los hechos, perseguir los delitos y concluir los procesos penales vinculados con la desaparición de los normalistas.
Destacó que la CNDH, presidida por Luis Raúl González Pérez, llevó a cabo una investigación formal y autónoma sobre los hechos, la cual concluyó, en noviembre de 2018, con la emisión de la Recomendación 15VG/2018, que actualmente se encuentra en etapa de seguimiento.
Nuevo expediente
Asimismo, adelantó que muy pronto dará a conocer un nuevo expediente.
“… actualmente se encuentra en proceso de conclusión un nuevo expediente de queja sobre los mismos hechos, derivado de la inconformidad de los familiares de los estudiantes desaparecidos y de los normalistas sobrevivientes respecto del contenido de la Recomendación 15VG/2018; expediente que se trabaja de manera puntual desde la Oficina Especial para Investigar la Represión y Desapariciones Forzadas por Violencia Política del Estado durante el Pasado Reciente, y del cual se tiene ya un proyecto de recomendación en vías de publicación”.
Antecedentes
En mayo de 2018, el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito amparó a presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, señalados del secuestro y desaparición de los estudiantes el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
Por unanimidad, se ordenó reponer el procedimiento porque había indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura.
También se estableció que no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial la pesquisa de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).
En consecuencia, ante las graves violaciones a los derechos humanos, como lo son la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se contaba con una Fiscalía independiente, se determinó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala).
El Tribunal subrayó que la citada comisión debía estar integrada por los representantes de las víctimas, la CNDH y el Ministerio Público de la Federación, siendo los dos primeros quienes decidirían qué líneas de investigación seguirían y las pruebas a desahogar, y que podrían validar la incorporación de más organizaciones tanto nacionales como internacionales de derechos humanos.
HCG