M+.- A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la Secretaría de Gobernación (Segob) mantuvo durante el primer semestre del año brigadas en Guerrero para realizar excavaciones, prospecciones, inspecciones y búsquedas con maquinaria relacionadas con el caso.
Los registros de la dependencia documentan 54 comisiones expresamente vinculadas con Ayotzinapa, realizadas entre enero y junio. Los desplazamientos llevaron personal federal a Iguala, Cocula, Eduardo Neri, Chilpancingo y Acapulco, aunque la mayor actividad ocurrió en Iguala.
Entre el 17 y el 31 de marzo, cuatro funcionarios de la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos fueron enviados para participar directamente en “inspecciones, actividades de prospección y excavación”.
Tres de ellos tuvieron además como destinos registrados Eduardo Neri, Chilpancingo y Acapulco.
FGR investiga instalaciones funerarias en Iguala
Esas fechas coincidieron con una nueva línea de investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en torno a instalaciones funerarias de Iguala.
El 9 de marzo comenzaron trabajos de búsqueda en terrenos de la Funeraria Rueda, colindantes con las instalaciones del Servicio Médico Forense de Iguala, según información difundida posteriormente por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
El 21 de marzo, familiares de los 43 recorrieron además las instalaciones de la Funeraria El Ángel, sobre la carretera federal México-Acapulco.
En ese inmueble, autoridades les informaron del hallazgo previo de una bolsa con segmentos óseos fechados en 2014 y de la existencia de un crematorio irregular.
Los propios registros de Gobernación muestran que la comisión enviada del 17 al 31 de marzo tenía como objetivo asegurar la participación institucional en las excavaciones y la coordinación con las autoridades encargadas de la investigación y búsqueda.
Mirtha Elizabeth Guerrero Valladares, identificada como Enlace de Documentación de Búsquedas de Campo para el Caso Ayotzinapa, fue una de las funcionarias desplegadas durante ese periodo.
También acudieron Emilio García Ramos, Ramsés Fernández Martínez y Martín Adalberto Solís Zúñiga, todos adscritos a la Dirección General de Estrategias para la Atención de Derechos Humanos.
Del 20 al 30 de mayo, los mismos cuatro servidores públicos fueron enviados nuevamente a Iguala para participar directamente en inspecciones, prospecciones y excavaciones.
Los registros muestran además que la actividad de campo había comenzado desde enero.
Funcionarios acompañaron el recorrido
Del 7 al 17 de enero, cuatro funcionarios recorrieron Iguala, Chilpancingo y Acapulco para acompañar la planeación y ejecución de búsquedas y contribuir a determinar sitios, metodologías y criterios de intervención, en coordinación con la Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de Búsqueda.
Del 4 al 14 de febrero, otro grupo fue enviado a Iguala, Cocula, Chilpancingo y Acapulco para integrar y actualizar expedientes provenientes de las búsquedas. La encomienda incluyó incorporar, sistematizar y resguardar información, evidencia e insumos documentales generados en campo.
Entre el 18 y el 28 de febrero, funcionarios recorrieron Iguala, Eduardo Neri, Chilpancingo y Acapulco para supervisar, junto con la Comisión Nacional de Búsqueda, el uso de herramientas, equipos y maquinaria utilizados en las operaciones.
La misma función volvió a aparecer en comisiones realizadas entre abril y junio.
Del 20 al 30 de abril, personal permaneció en Iguala para revisar la utilización, mantenimiento, resguardo y registro de maquinaria empleada en las búsquedas.
Otros desplazamientos con esa misma encomienda se registraron posteriormente hasta el 27 de junio.
Gobernación también mantuvo equipos destinados a procesar lo encontrado.
Entre abril y junio se registraron ocho comisiones a Iguala para integrar y organizar expedientes derivados de las acciones de búsqueda, incluidas evidencias e información obtenidas durante las intervenciones.
En mayo, otros cuatro servidores públicos fueron enviados a Iguala para definir nuevos sitios y criterios de intervención junto con la FGR y la Comisión Nacional de Búsqueda. Los registros no identifican por nombre todos los parajes o predios intervenidos.
Sin embargo, ubican a los funcionarios en las mismas fechas y municipios en los que públicamente se desarrollaron diligencias en las funerarias Rueda y El Ángel.
La búsqueda en esa zona representó un giro reciente dentro de la investigación.
Tlachinollan señaló en abril que dos equipos interdisciplinarios de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa habían iniciado desde el 9 de marzo trabajos en la Funeraria Rueda y terrenos contiguos al Semefo.
Padres de normalistas piden intervención de equipo argentino
Los padres de los normalistas pidieron posteriormente que el Equipo Argentino de Antropología Forense interviniera antes de manipular restos encontrados en esos inmuebles.
Las búsquedas de 2026 se sumaron a una larga serie de intervenciones realizadas desde años anteriores en municipios como Iguala, Cocula y Eduardo Neri.
En investigaciones previas, el Gobierno federal había identificado como zonas prioritarias puntos al norte de Iguala, Barranca de la Carnicería y Carrizalillo, en Eduardo Neri, además de otras áreas vinculadas con la operación de Guerreros Unidos.
Los nuevos registros muestran que durante 2026 la estrategia no se limitó a revisar expedientes.
Segob mantuvo servidores públicos durante periodos de hasta dos semanas consecutivas en Guerrero para acompañar excavaciones, búsquedas con maquinaria, selección de lugares de intervención y procesamiento de la evidencia recuperada.
Además de esas labores, nueve comisiones fueron destinadas al traslado de padres y familiares de los 43 y otra al seguimiento de atención médica a familiares de las víctimas.
El grueso de las 54 comisiones, sin embargo, estuvo relacionado con la búsqueda en campo y el procesamiento de sus resultados.
RM