La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calificó como preocupante la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) del país ante la falta de acceso a la información del Ejército mexicano, en busca de esclarecer la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además, señaló que en 2023, los avances en la investigación se ralentizaron.
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En el informe anual 2023 de la CIDH, dado a conocer el jueves 25 de abril, el organismo criticó el avance de las indagatorias y el cambio de medida cautelar al general en retiro Rafael Hernández Nieto, ex comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala, quien desde agosto del año pasado enfrenta en prisión domiciliaria el proceso que inició en su contra la Fiscalía General de la República (FGR).
“La Comisión observó con preocupación que los avances se han ralentizado y el cambio de medida cautelar (de prisión ordinaria a prisión domiciliaria) otorgada a un general del Ejército investigado. Este cambio fue calificado públicamente por la representación de las familias de los estudiantes como ‘inusual’ bajo el argumento de que se trataría de un trato preferente por ser el beneficiario un integrante del Ejército”.
En el informe se considera que existen dos factores preocupantes, el primero sobre los argumentos del grupo de expertos para dejar la investigación del caso, al señalar que las negativas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para entregar la información requerida “obstaculizan el avance en las investigaciones”.
Por otra parte, la comisión consideró que en 2023, los avances para esclarecer la desaparición de los estudiantes se habrían ralentizado y que el Estado no ha implementado mecanismo para el cumplimiento de la recomendación emitida por dicho organismo.
“La Comisión observa con preocupación que el GIEI haya manifestado haberse tenido que retirar del país ante la alegada falta de condiciones para el desempeño de sus funciones, así como por la negativa de las FFAA para brindar la información solicitada por el grupo. Estas negativas obstaculizan el avance en las investigaciones y, en consecuencia, el cumplimiento total de la recomendación”.
“La CIDH ha observado con preocupación en 2023 que los avances en materia de justicia se habrían ralentizado haciendo evidente la necesidad de cooperación de las autoridades en poder de documentación relevante al caso. Al existir desafíos pendientes relacionados con la primera vertiente de la recomendación, la CIDH considera que no se han adoptado medidas que permitan actualizar su nivel de cumplimiento, por lo que esta permanece con cumplimiento parcial”.
Aunque reconoció que en la presente administración se han realizado esfuerzos relevantes como la instalación de la Comisión para la y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa (COVAJ) y la creación de la Unidad Especial de Investigación y Litigio del caso Ayotzinapa (UEILCA), reiteró la gravedad de que no se entregue toda la información requerida para las investigaciones del caso.
“La Comisión reiteró su recomendación estructural de la importancia de evaluar los mecanismos de determinación de participación y responsabilidad de agentes militares frente a la ocurrencia de vulneraciones a los derechos humanos y sobre el establecimiento de protocolos para que los documentos que podrían constituir evidencia en el caso Ayotzinapa puedan ser incorporados de modo rápido y sencillo a las investigaciones y judicializaciones en curso”, se añade en el documento.
La CIDH también reitera su llamado a profundizar los esfuerzos estatales para romper el denominado "pacto de silencio".
“Garantizando medidas de seguridad y protección personal a quienes aporten elementos relevantes para avanzar en las líneas de investigación y determinar el paradero de los estudiantes, a través de confesiones voluntarias y legales de las personas”, indicó.
RM