La exoneración de José Luis Abarca y otros imputados fue anunciada mientras la investigación judicial del caso Ayotzinapa está en crisis y la confianza de las madres y los padres en ella se debilita.
Al tiempo que el juez Samuel Ventura alcanza las 97 absoluciones, en la fiscalía especial no se ha superado la crisis que provocó la salida forzada del anterior titular y su reemplazo por un funcionario que desconocía el caso, y que reemplazó al 95 por ciento del equipo de investigadores con personas en la misma circunstancia.
Además, siguen pendientes de ejecución órdenes de arresto de figuras de alto perfil, como Tomás Zerón, mientras que otras fueron inexplicablemente canceladas y continúan en ese estado, a pesar de que los familiares de los 43 desaparecidos dicen haber recibido promesas de que las reactivarían.
La Fiscalía General de la República (FGR), que en 2018 reemplazó a la antigua Procuraduría (PGR), no ha sido capaz de recomponer las causas judiciales iniciadas por su antecesora.
Irónicamente, aunque los graves defectos de esos procesos (como tortura sistemática y generalizada, y destrucción y fabricación de evidencias) han originado otros, precisamente contra quienes los abrieron, esto no fue acompañado de un fortalecimiento de los cargos imputados que garantizara que los jueces condenaran a los implicados por los ex procuradores de Enrique Peña Nieto: sucesivamente, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez González, Raúl Cervantes Andrade y Alberto Elías Beltrán.
La reciente confirmación que hizo el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito, con sede en Matamoros, Tamaulipas, de diversas sentencias absolutorias pronunciadas por el juez Samuel Ventura, exonera al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, (quien, en una causa distinta, fue condenado a 92 años de prisión por el secuestro de seis personas), a su entonces secretario de Seguridad Pública, Felipe Flores Velázquez, y a otras 18 personas de cargos de delincuencia organizada por delitos contra la salud y por secuestro agravado.
Antes de esto, el juez Ventura absolvió a otros 77 acusados por delitos relacionados con este caso, incluido Sidronio Casarrubias, uno de los jefes señalados por su papel clave en los ataques contra los jóvenes normalistas.
Según la resolución judicial, la Fiscalía no logró demostrar la existencia del grupo criminal Guerreros Unidos, y por lo tanto, tampoco es posible comprobar que Casarrubias pertenezca a él.
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Descarrilamiento de la Fiscalía especial
En el gobierno federal se descarta que las decisiones del juez Ventura sean honestas y las secretarías de Gobernación y de Protección y Seguridad Ciudadana han presentado una denuncia en su contra, por delitos contra la administración de justicia. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, ha sido específico al criticar que el magistrado desestimara, por ejemplo, documentos provistos por la fiscalía estadunidense sobre la intervención de comunicaciones de miembros de Guerreros Unidos en Chicago.
Por su parte, el juez se justifica en los numerosos abusos y deficiencias en los procesos, como arrestos ilegales, declaraciones arrancadas bajo tortura y evidencias inválidas, todos ellos cometidos por personal de la antigua PGR.
La Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), una fiscalía especial creada en 2019 en la nueva FGR, dividió sus tareas en dos áreas: los crímenes directamente relacionados con los ataques de Iguala de septiembre de 2014 y los cometidos posteriormente por quienes ejecutaron la falsificación de las pesquisas.
Algunos de ellos son considerados crímenes contra la humanidad, porque más de 40 detenidos fueron sometidos a torturas con las agravantes de que fueron generalizadas y sistemáticas.
Por esto, la UEILCA logró la detención del ex procurador Jesús Murillo Karam y otros funcionarios, así como obtuvo órdenes de aprehensión contra el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal Tomás Zerón de Lucio (cuya extradición ha sido solicitada a Israel, donde declaró a la prensa haber abierto un restaurante mexicano), el ex jefe de antisecuestros Gualberto Ramírez, el director de Operaciones del Centro Nacional de Inteligencia, Ignacio Mendoza Gandaria, y otros presuntos involucrados.
Las causas judiciales abiertas por la PGR, con la participación de este grupo de acusados, no se han sostenido frente al juez. Además de que varios de ellos siguen en libertad, como miembros de inteligencia con mandatos de detención vigentes que, denunció el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), “están plenamente identificados, ubicados y ocupan cargos públicos”.
Más grave es todavía que la fiscalía especial fue desautorizada e intervenida en septiembre, cuando la Fiscalía General, de la que depende, canceló 21 órdenes de aprehensión que había obtenido del juez, le retiró el servicio de 13 agentes ministeriales, tomó el control directo de la causa contra Murillo Karam y amenazó con investigar a miembros de esa unidad por supuestas filtraciones de información a la prensa.
Todo esto provocó la renuncia del titular, el ahora ex fiscal especial Omar Gómez Trejo (quien debió salir del país para evitar represalias) y su reemplazo por un funcionario que desconocía el caso y era ajeno a las prácticas de litigación y de investigación que son el propósito de la fiscalía, Rosendo Gómez Piedra; y el reemplazo del 95 por ciento del equipo de la unidad –según denunció el GIEI– por personal que ignora la investigación judicial.
La exoneración de Abarca Velázquez y otros acusados se produce, por lo tanto, en un contexto de cuasi parálisis de la UEILCA –que desde septiembre de 2022 solo ha logrado detenciones de algunos policías locales– que además ha puesto en entredicho el proceso de extradición de Zerón de Lucio, así como la voluntad de la FGR de ejecutar las órdenes de aprehensión más significativas, despertando fuertes críticas y la erosión de la confianza entre los familiares de los desaparecidos.
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