Una jueza federal rechazó frenar la orden de aprehensión contra Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), a quien se responsabiliza de los presuntos delitos de desaparición forzada, coalición de servidores públicos y tortura en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, señalado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) como responsable de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Luz María Ortega Tlapa, jueza Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal, negó la protección de la justicia al quejoso, quien también impugnó la aprobación, promulgación y ejecución del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En la demanda de garantías, Tomás Zerón señaló que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Sur no debió librar la orden de captura el 23 de abril de 2021, dentro de la causa 148/2021, por el delito de desaparición forzada, sino solo por tortura.
Además, el ex director de la AIC alegó que no existen elementos que acrediten la tortura contra el presunto sicario de Guerreros Unidos, “dado que el Dictamen Psicológico Especializado para casos de Probable Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes no concluyen que la tortura psicológica y las lesiones fueron producidas por la Policía Federal al momento de la detención, aunado a que las amenazas no son suficientes para acreditar el delito”.
Ortega Tlapa indicó que los elementos que aportó el agente del Ministerio Público Federal adscrito a la Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), de la Fiscalía General de la República (FGR) y que tomó en cuenta el juez de control al momento de librar la orden de aprehensión, son suficientes para acreditar la existencia del probable delito de tortura.
“Como se resolvió en el mandato de captura, con los mismos datos de prueba, es posible tener por demostrado, también a nivel de indicio razonable, que … fue él quien, valiéndose de su cargo…dio la instrucción de que al detenido…quien supuestamente había sido capturado por policías federales al haber sido encontrado en flagrancia de posesión de marihuana, fuera trasladado, sin justificación alguna, del lugar de su aseguramiento, esto es, el estado de Morelos, a la Ciudad de México, específicamente a las instalaciones de la agencia de la que era titular el imputado de mérito.
“En ese lugar, fue interrogado de manera ilegal, se videograbaron sus manifestaciones y a través de tortura física y psicológica, dirigida por Tomás Zerón quien en ese momento se desempeñaba como servidor público, se le obligó al detenido a confesar su intervención en los hechos relativos a la (desaparición de los normalistas) luego de lo cual, fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público de la Federación diferente del que debió conocer el hecho…”, mencionó la juzgadora.
Tan es así, apuntó, que la causa penal que derivó de esa indagatoria se instruyó ante un juzgado de Distrito residente en el estado de Morelos, donde supuestamente ocurrió la posesión de droga, mismo que eventualmente lo absolvió ante la evidencia de esos actos de tortura para obtener su confesión, lo que además fue objeto de pronunciamiento por un Tribunal Colegiado.
Se presume que el delito contra Felipe Rodríguez se cometió durante un interrogatorio en 2015, y en el mismo, El Cepillo fue “amenazado de muerte” para que cooperara con las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas.
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