El feminicidio infantil de Fátima “N” detonó ayer una crisis de comunicación en el Gobierno de Ciudad de México, que pasó de la empatía con la familia de la menor a atacar a sus padres por su estabilidad mental, todo el mismo día.
Por un lado, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reconoció que hubo una cadena de negligencias por parte de las instituciones judiciales durante el proceso de investigación; por el otro, la fiscal capitalina, Ernestina Godoy, atacó a los padres por padecer enfermedades mentales.
Por la noche, incluso, el DIF capitalino circuló una ficha informativa con datos confidenciales acusando a la familia de “antecedentes de violencia familiar”.
Al detonarse la crisis, Sheinbaum canceló sus actividades para acudir al Instituto de Ciencias Forenses a reunirse con la madre de la menor.
Ante la molestia de la mamá de Fátima, Sheinbaum reconoció que algo falló. “Hay una cadena de negligencias de instituciones y para cambiarla tenemos que saber la verdad desde el principio hasta el final, ¿cuándo fue que se puso la primera denuncia, qué fue lo que hizo el primer ministerio público, el segundo, el tercero y cómo actuaron todas las instituciones?”.
En sentido contrario, la fiscal general de Justicia, Ernestina Godoy, dijo en distintas entrevistas radiofónicas que los padres de la menor padecen de “demencia senil” y “una enfermedad mental”.
Lo anterior molestó a la familia de la niña. “No estoy loca. Cada uno de ustedes que se burle, mañana pueden ser sus hijas”, espetó su madre.
Por la tarde, el gobierno local dio a conocer una ficha informativa en la que, de manera poco habitual, se detallaron datos confidenciales sobre “antecedentes de violencia familiar” en el caso de la familia residente en Xochimilco en noviembre de 2015.
Dicho reporte fue interpuesto por un cercano a la familia y refiere problemas en el círculo familiar, descuido y maltrato emocional hacia un niño y dos niñas, una de ellas de iniciales F.C.A.A., que entonces tenía dos años de edad.
En conferencia, al cuestionarle a Godoy si esta información no violaba el debido proceso respondió: “no lo conozco”.
Además, descartó que se trate de un tema de tráfico de órganos, como lo planteó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y aclaró que el hombre (Alan) a quien la mamá de Fátima acusa como responsable de la muerte de su hija, ya falleció.
En tanto, el titular de la Autoridad Educativa Federal en CdMx, Luis Humberto Fernández, dijo que el director de la escuela Enrique Rébsamen, donde acudía la pequeña en Tulyehualco, Telésforo Flores, será retirado de su cargo mientras se investiga, “sin que esto signifique una sanción”.
Por su parte, Karla “N”, hermana mayor de Fátima, afirmó que después de la desaparición de la menor el 11 de febrero pasado, la familia quiso levantar la denuncia y no se les permitió, toda vez que, dijo, le comunicaron que debían pasar 72 horas. Por ello, fue hasta el jueves 12 de febrero cuando pudieron realizarla ante el Ministerio Público y fue hasta el sábado que los policías iniciaron la investigación.
Horas más tarde, Godoy declaró que las autoridades “no caerán en autocomplacencias y serán implacables” y si hubo fallas de funcionarios de la Fiscalía Desconcentrada de Tláhuac y la Especializada en la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas desaparecidas serán sancionados.
Detalló que la investigación inició el 12 de febrero, toda vez que fue el día en que se presentó la denuncia y el 13 iniciaron las diligencias.
Sobre el tema, el Presidente Andrés Manuel López Orador, en su conferencia matutina, se comprometió a que se castigarán todos los homicidios contra mujeres “evitando que se den estos crímenes de odio”, pero acusó que este tipo de crímenes forman parte de un “proceso de degradación que está relacionado con el modelo neoliberal”.
Sobre las protesta registradas en los últimos días, dijo: “Les digo a las feministas con todo respeto que no nos pinten las puertas, las paredes. Que estamos trabajando para que no haya feminicidios. No somos simuladores”.
Niñez sufre todo tipo de violencia: Unicef
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) informó que durante 2019 32.8 por ciento de las adolescentes de entre 15 y 17 años sufrieron alguna forma de violencia sexual en México.
Víctor José Villanueva Blasco, director del Máster Universitario en Prevención de Drogodependencias y otras Conductas Adictivas de La Universidad Internacional de Valencia (VIU), comentó: “Se ha identificado que la violencia física —como la sexual— prevalece entre los estudiantes de secundaria.
“Existiendo diferencias significativas en cuanto al género. Aproximadamente, una de cada cinco chicas y uno de cada diez chicos, han sido víctimas de violencia física y/o sexual durante el año en el que se llevó a cabo un análisis realizado por el VIU es decir, las mujeres tuvieron el doble de prevalencia”.
Explicó que sí existen causas por situaciones demográficas que pueden influir en el desarrollo de esta problemática en la adolescencia.