Caso Iguala: la CNDH reconoce que no puede investigar delitos

A pesar de que manifestó su voluntad de acatar la sentencia que ordena crear la comisión de la verdad del caso Iguala, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reconoció que no tiene atribuciones para investigar delitos.

Explicó que su labor es determinar violaciones a las garantías individuales, por lo que no puede efectuar indagaciones paralelas a las de la Procuraduría General de la República (PGR).

“La participación que la CNDH pueda tener en nuevos esquemas de trabajo debe resultar acorde con el texto constitucional, pues llegar al extremo de poder ampliar o limitar las facultades reconocidas en la norma fundamental para este organismo rompería con el sistema de protección no jurisdiccional de los derechos humanos previstos en la Constitución”, advirtió.

Lo anterior forma parte de los alegatos que la CNDH rindió ante la autoridad judicial y que constan en la resolución del incidente de imposibilidad dictado en el amparo en revisión 2014/2017.

Por estas y otras razones, el magistrado Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito, determinó que es imposible jurídicamente cumplir la sentencia que ordena conformar la mencionada comisión.

Dicho incidente de imposibilidad tiene que ver con el amparo otorgado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito a Patricio Reyes Landa, El Pato, presunto secuestrador y homicida de los 43 normalistas, sentencia donde se ordena crear la comisión de la verdad.

La CNDH puntualizó que su participación debe ser de forma metódica y diligente, dentro de su competencia constitucionalmente reconocida y legalmente regulada, a efecto de no variar ni desviar la misión y los objetivos esenciales de este organismo.

Pérez García estableció en su resolución, emitida este miércoles, que claramente la CNDH planteó un obstáculo para cumplir con la ejecutoria de amparo, “… porque por más buena voluntad que manifieste tener para cumplirla en sus términos a fin de coadyuvar a las víctimas en la búsqueda de la verdad, esa circunstancia no le autoriza a dejar de cumplir las normas jurídicas a la que está sujeta, y tan consciente está de ello que afirma carecer de facultades para investigar delitos y realizar investigaciones paralelas a la PGR”.

Subrayó que ni la Constitución ni la ley autoriza al Ministerio Público delegar a otra autoridad o particular el monopolio de la investigación de los delitos ni el ejercicio de la acción penal ante los tribunales judiciales.

Detalló que si la PGR integrara dicha comisión, permitiera someter a escrutinio la investigación, y cediera a los representantes de las víctimas y a la CNDH la facultad de decidir, todo ello “colisionaría con el muro jurídico que representa la legalidad a la que está sometido dicho órgano investigador”.

SEGUNDO REVÉS

Al acuerdo que emitió el Tercer Tribunal Unitario del Décimo Noveno Circuito hace dos días, se sumó este jueves un segundo en el que reitera que es jurídicamente imposible cumplir la sentencia que ordena la creación de la comisión de la verdad en el caso de los normalistas.

Lo anterior se dio a conocer en el juicio de amparo correspondiente a Miguel Ángel Landa Bahena, El Chequel, presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, acusado también por la PGR del secuestro y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

La resolución del tercer tribunal unitario tiene más fuerza que la dictada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito consideró Alberto Elías Beltrán, subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, y encargado de despacho de la PGR.

“... esta resolución del Tercer Tribunal Unitario tiene la fortaleza de establecer que deberá ser la Corte quien determine el alcance de la resolución del 31 de mayo; seguramente la Suprema Corte, a través de los ministros, determinará que esta comisión no es posible de creación, porque violenta la propia Carta Magna”, declaró en entrevista con Mario Beteta en Radio Fórmula.

Afortunadamente, consideró el funcionario, el Tribunal Unitario “estableció y nos da la razón, de la imposibilidad jurídica del incumplimiento, no solamente por parte de la PGR, sino también por la CNDH, que fue quien interpuso este incidente junto con la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y la Cámara de Diputados”.