“Acepto la disculpa, pero no perdono”, soltó Lorena González Hernández, quien pasó seis años, 10 meses y 11 días en la cárcel, tras ser detenida y acusada en 2008 del secuestro y homicidio del hijo del empresario Alejandro Martí. Dos mil 500 días que, asegura, le robaron a ella, a su hijo, a su esposo y a su madre.
Sonríe por momentos, cruza los brazos y los repliega a su pecho como muestra de agradecimiento ante los aplausos y muestras de apoyo en el Museo de Ciudad de México, donde el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, recordó que esta mujer fue víctima de la Procuraduría y del Tribunal Superior de Justicia capitalinos.
La procuradora Ernestina Godoy y el presidente del Tribunal, Rafael Guerra, encabezaron el acto de disculpa pública y reconocimiento de culpabilidad de funcionarios que cometieron una serie de violaciones a los derechos de Lorena, así como al debido proceso en su caso.
En la ceremonia, Lorena, licenciada en Derecho y Negocios Internacionales, evocó la celda fría en la que estuvo, sin olvidar la mañana del 5 de septiembre de 2008 cuando salió de su casa rumbo a su empleo en la Policía Federal, “sin imaginar que no regresaría hasta casi siete años después”.
Fue detenida, arraigada y acusada de pertenecer a La Flor, una banda inexistente a la que la Procuraduría capitalina, entonces encabezada por Miguel Ángel Mancera, atribuyó el plagio y asesinato del chico Fernando Martí.
González Hernández destacó la fuerza que le dio su familia para salir con vida del “infierno” de la prisión, pero criticó a los servidores públicos que “vendieron el caso a un padre lastimado (Alejandro Martí) para colgarse una medalla plagada de vileza…para obtener mejores cargos a costa de una persona inocente”.
Criticó al entonces juez 32 penal, Jesús Ubando López, porque no valoró las pruebas a su favor al igual que servidores públicos de la Procuraduría que para vergüenza admitieron que su caso, “era un caso político, no les importó que nos arrebataron años de vida a mí y a mi familia”.
Destacó la “ferocidad” de su abogado, el penalista Rodrigo Higuera, quien pese a todo un montaje oficial logró demostrar su inocencia; y agradeció a Renato Sales Heredia, último comisionado Nacional de Seguridad en el sexenio anterior, por tener la sensibilidad de reintegrarla a la Policía Federal después de que salió de prisión.
Se le pregunta si considera que Miguel Ángel Mancera es el principal responsable de su desgracia.
“Las palabras dicen mucho, yo no lo acuso directamente a él, era servidor público, pero sí estoy segura que como servidores públicos debemos hacernos responsables de nuestros actos, debemos dar la cara, debemos pedir disculpas cuando no actuamos bien”.
Señaló que no está segura de que el entonces jefe de Gobierno y actual canciller, Marcelo Ebrard, estuviera consciente de todos los agravios que ella sufrió.
Respecto a la disculpa pública de la PGJ y del Tribunal de Justicia, afirmó:
“Acepto la disculpa, pero no perdono, no perdono por el daño que nos causaron, veo a mi hijo, veo a mi madre, veo a mis hermanos y hay secuelas, hay secuelas en mi vida todavía, entonces no perdono, eso nunca se perdona.
“Aquellos que aleccionaron a un juez para que me señalaran, aquellos que colocaron testimonios inexistentes, ellos son los que directamente son responsables por sus conductas”.
bgpa