Jueces y magistrados federales del país salieron en defensa de su compañero Daniel Ramírez Peña, contra quien la Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación por el revés que le asestó a la dependencia en el caso del Viaducto Bicentenario, y exhibieron cada una de las deficiencias en que incurrió el Ministerio Público Federal.
Asimismo, criticaron que la FGR haya sacado un comunicado para dar a conocer que el juzgador absolvió al ex magistrado Isidro Avelar Gutiérrez del delito de enriquecimiento ilícito, pues dicho asunto ni siquiera ha concluido.
En el caso del ex magistrado, el cual ha sido señalado por Estados Unidos de estar supuestamente relacionado con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), los juzgadores federales señalaron que en este asunto, la autoridad judicial notificó al MPF sobre un testigo, cuyo testimonio difirió, y pese a ello ni siquiera así acreditó el supuesto delito.
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A través de un comunicado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) dieron a conocer cada detalle de la audiencia celebrada la semana pasada y que el Ministerio Público “leyó” para formular su acusación, cuando el actual sistema de justicia no lo permite.
Señalaron que, al inicio de la audiencia, la Fiscalía habló del presunto delito de explotar un bien nacional. En esta parte, Ramírez Peña, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, Estado de México, pidió a la Fiscalía que fuera más precisa, porque su imputación fue “deficiente”.
E incluso, se le advirtió que por tales deficiencias técnicas era factible emitir, en su momento, un auto de no vinculación a proceso, lo que implicaría volver a citarlos para la formulación de imputación.
Ante esta situación, los fiscales “insistieron que se les diera una nueva oportunidad”, pero tras un receso los abogados de los imputados solicitaron que la imputación quedara como fue realizada.
¿Qué dijo la FGR?
Por lo que hace al delito de usurpación de funciones públicas, la FGR no justificó la circunstancia del lugar en que se cometió el hecho.
Asimismo, en lo atinente al delito de explotación de un bien de la nación, la Fiscalía no demostró con prueba alguna que estuviera involucrada una “empresa fantasma”, sino por el contrario, se acreditó que el gobierno del Estado de México convocó a una licitación.
En cuanto al delito de asociación delictuosa, el juez determinó que no se había acreditado que los justiciables formaban parte de una banda para explotar el bien de la nación descrito.
La semana pasada, el juez Ramírez Peña rechazó vincular a proceso a Rubén Gerardo López Barrera, director general de Aleática; José Andrés de Oteyza Fernández y Sergio Hidalgo Monroy Portillo, ex presidente del Consejo de Administración y ex director General de OHL, respectivamente.
Tampoco a Ernesto Javier Nemer Álvarez y Luis Gilberto Limón Chávez, ex secretarios General de Gobierno y de Movilidad, respectivamente; ni a Jorge Joaquín González Bezares, director general de la Junta de Caminos, y Alberto Tomás Angulo Lara, director General en Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Sistemas Conexos y Auxiliares, todos del Estado de México.
Asimismo, ordenó sobreseer la causa penal por no existir elementos que demuestren un delito.
RM