Una disculpa pública de parte de la Procuraduría capitalina por el caso del feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio es ahora un "agravio para mi familia" ante la reciente negativa de emitir la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género en la Ciudad de México, explicó Araceli Osorio Martínez, madre de la estudiante.
- Te recomendamos Jesús Orta tendrá que comparecer por asesinato de Norberto: Congreso CdMx Policía
"Había una expectativa al iniciar esta administración. Yo recuerdo que las primeras declaraciones que hizo Gabriela Rodríguez Ramírez (titular de la Secretaría de las Mujeres) fue que en México había una emergencia y que el problema de los feminicidios resultaba muy grave en la Ciudad de México (con un registro de al menos 100 al año)" pero en los hechos "nos han utilizado políticamente a las familias que estamos padeciendo este tipo de violencia feminicida".
Organizaciones civiles dieron a conocer las cifras oficiales de la Procuraduría capitalina que arrojan que de enero de 2012 a septiembre de 2017 se registraron 67 mil 520 casos de violencia familiar; 10 mil 832 de casos de lesiones dolosas; 9 mil 985 de abuso sexual; 3 mil 168 de violación; 586 de acosos sexual; 212 de tortura; 173 de trata de personas; 112 de secuestros.
Así como, de 2012 a 2017, 292 feminicidios y 421 homocidios dolosos de niñas, jóvenes y adultas.
El pasado 7 de junio, la resolución de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), de la Segob ignoró el dictamen de 30 por ciento de los indicadores de la pasada administración y no emitió la declaratoria de género, sino un enlistado de acciones que, en opinión de organizaciones, en absoluto corrigen las fallas estructurales en la impartición de justicia y contra lo cual tramitarán amparos.
Osorio Martínez refirió que "si bien ha habido manifestaciones como la disculpa pública en mayo, como el reconocimiento del Instituto Nacional de Ciencias Forense (Incifo) de estas graves violaciones a derechos que se cometieron tanto para mi familia como para la memoria de Lesvy", que les "arrancamos desde la movilización, resulta lamentable que este gobierno no dé señales de querer resolver las cosas de fondo", reclamó.
"Es lamentable que la palabra empeñada se quede en eso, en una palabra empeñada, en una palabra hueca, en una responsabilidad que no se quiere asumir, yo digo, es un gobierno de simulación que no vamos a aceptar. Que tengamos una Procuraduría hueca" dijo llamar a tomar las calles de nuevo.
"Mi hija está muerta. No tengo nada que perder, pero con el acompañamiento solidario y sonorario, le digo a estas autoridades que no van a volver a tener la comodidad de nuestro silencio", dijo al referirse al caso de su hija, cuyo juicio contra la ex pareja, José Luis, se pasó a septiembre.
Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo Red TDT de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT); Selene González Luján, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y Ana Yeli Pérez Garrido, abogada de la organización Justicia Pro Persona explicaron que la determinación del pasado 7 de junio no ataca de raíz la problemática generalizada de violencia ni los obstáculos para la impartición de justicia.
Inclusive, acusaron, pretenden silenciar a las organizaciones de la sociedad civil que han hecho énfasis en la cantidad de errores cometidos en los procesos y, por ello, enviaron cartas a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Secretaría de Gobernación a que subsanen los vacíos en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y rectifiquen en la resolución.
EB